El Kremlin ha tenido que salir al paso este sábado para desmentir los rumores que situaban a Vladimir Putin, presidente de Rusia, en San Petersburgo.
Habría viajado de emergencia a allí ante la rebelión del Grupo Wagner. De hecho, los mercenarios de Yevgeni Prigozhin avanzaban hacia Moscú, ya han tomado Rostov (al sur de Rusia) y entrado en la región de Lipetsk.
Así, Dimitri Peskov, portavoz del Kremlin, ha desmentido que Putin se haya marchado de Moscú. Aseguró que el mandatario se encuentra en la capital rusa.
En palabras del portavoz, “Putin está trabajando en el Kremlin”. Sin embargo, Anton Gerashchenko, asesor del Ministerio del Interior ucraniano, publicó en Twitter un supuesto itinerario de uno de los aviones presidenciales rusos. El trayecto: Moscú-San Petersburgo.
El Kremlin responde de este modo a la rumorología destacada después de que Prigozhin denunciara la muerte de muchos de sus mercenarios, víctimas de ataques del propio Ejército ruso.
Un extremo que el Ministerio de Defensa de Rusia, enfrentado al líder mercenario desde hace meses, ha desmentido categóricamente.
En cualquier caso, todo el territorio ruso, incluso las regiones ocupadas en Ucrania y que Putin se anexionó, está en estado de alerta.
Precisamente, Putin ha firmado este sábado una ley otorgando garantías de exención de responsabilidades penales de delitos leves o de mediana gravedad a quienes se alisten a las Fuerzas Armadas.
También a quienes firmen un contrato militar durante el periodo de movilización, ley marcial o estado de guerra. Entre los posibles beneficiarios, los relacionados con el terrorismo.
Quedan excluidos los delitos sexuales contra menores, responsables de atentados terroristas o apoyo a actividades de terrorismo.
Tampoco, los condenados por participar en un conflicto armado contrario a los intereses de Rusia, los traidores, rebeldes o colaboradores con un Estado enemigo.
En cambio, sí se beneficiarían de esta amnistía los responsables del fomento de dichas actividades, la propaganda o la justificación del terrorismo.
Para beneficiarse de esta norma, los delitos deberían haberse cometido hasta el día anterior a la publicación de la ley y abierta una investigación.