Cuando no han pasado ni 24 horas de la reunión que mantuvo con Yolanda Díaz, líder de Sumar, Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat y prófugo de la Justicia española, ha expuesto sus exigencias para empezar a negociar la investidura de Pedro Sánchez.
Su plan para simplemente sentarse a intercambiar opiniones pasa por una ley de amnistía. Además, el reconocimiento y respeto a la “legitimidad democrática” del independentismo y exige que se cree un mecanismo de verificación de los acuerdos.
Así lo ha trasladado en una declaración ante los medios de comunicación desde Bruselas. Puigdemont remarcó, asimismo, que son condiciones “previas” que a día de hoy “no existen” y que, a su juicio, “no son contrarias a la Constitución”.
A su vez, el expresident señaló que “no parece” que Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, tenga los apoyos suficientes. Ni en primera ni en segunda votación.
Pero “tampoco los tiene el actual presidente ni el bloque de sus socios parlamentarios de los próximos cuatro años”.
En consecuencia, dijo, “España se ve confrontada ahora mismo a uno de sus dilemas que no siempre ha resuelto bien: o vive en el bloqueo que podría cronificar la confrontación entre los dos bloques ideológicos que han polarizado las últimas elecciones o pacta”.
Así las cosas, el líder de Junts plantea un “acuerdo histórico” antes de negociar la investidura sabedor de que los votos neoconvergentes son imprescindibles.
Las condiciones de Puigdemont
De este modo, como prioridad, el reconocimiento y el respeto a la “legitimidad democrática del independentismo”.
En ese sentido, sostuvo que “no existe una receta autonómica para resolver los problemas de Cataluña. Lo determinante es el reconocimiento nacional de Cataluña y, por tanto, su derecho a la autodeterminación”.
Además, dijo, no renuncia a la unilateralidad “como recurso legítimo para hacer valer los intereses del pueblo catalán”.
Al mismo tiempo, exige dejar de “criminalizar” el “hecho histórico del 1-O”. También reivindicó la declaración de independencia, así como la consulta del 9 de noviembre de 2014.
A su vez, cargó contra la sentencia del tribunal Constitucional en 2010 respecto al Estatuto de Cataluña y la del Tribunal Supremo condenando a los líderes del procès en 2019 por el referéndum ilegal de 2017.
Por ello, exige, como segunda condición, una ley de amnistía. Incluye “el amplio espectro de la represión iniciada desde antes de la consulta del 9-N de 2014”.
Detalló que “se tiene que hacer para reparar una injusticia, no para olvidar ni para poner un punto final ni por supuesto, para igualar a las víctimas de estas injusticias a sus victimarios”.
Finalmente, Puigdemont pone como tercera condición la creación de un mecanismo para verificar el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos.
Según él, “la total falta de confianza entre las partes hace que este mecanismo sea imprescindible y que deba operar desde el inicio de las negociaciones”.
Además, explicó, “nuestra experiencia nos impide tener ninguna confianza en la palabra que nos den”. “Sería una irresponsabilidad emprender una negociación de futuro que no cuente con este mecanismo”, añadió.