Las leyes de memoria de las regiones gobernadas por el PP, como Castilla y León, Aragón y Comunidad Valenciana, tratan de equiparar democracia y dictadura.
Son “los pagos” que el partido que preside Alberto Núñez Feijóo está dispuesto a dar a la ultraderecha a cambio de mantenerse en el poder.
Así se ha manifestado Esther Peña, portavoz del PSOE, en rueda de prensa desde Ferraz. De hecho, ha entrado en el detalle de esas leyes de memoria con la mal llamada ley de concordia de Castilla y León. Una norma que se une a la de Aragón y la Comunidad Valenciana.
“En España, ya tenemos una ley de concordia: se llama Constitución”, sostuvo Peña. La misma que los referentes políticos franquistas de Vox y de buena parte del PP se negaron a apoyar en 1978.
Con estas iniciativas que forman parte de una misma estrategia, PP y Vox “vuelven a insultar a miles de familias y disparan contra el corazón de nuestra Constitución”.
De este modo, la dirigente socialista considera que con esta ley la derecha y la ultraderecha quieren impedir el recuerdo a las víctimas del franquismo. Que se desconozca la verdad, ha abundado.
Por ello, para contrarrestar estas políticas antidemocráticas, anunció que la Ley de Memoria Democrática todo aquello que quede fuera en las iniciativas autonómicas planteadas. Especialmente las de PP y Vox.
“No os vamos a dejar solos frente a la coalición del olvido”, se ha referido a las víctimas del franquismo. Además, Peña ha lamentado que el PP asuma los postulados de la ultraderecha y que en España tengamos una derecha que no es homologable a la del resto de Europa.
Lo que está ocurriendo en estas comunidades “sería impensable en Alemania”, ha zanjado la portavoz sobre esta cuestión.
Más asuntos al margen de las leyes de memoria
Por otro lado, ha vuelto a instar a Feijóo a que exija la dimisión de Isabel Díaz Ayuso al frente de la Comunidad de Madrid.
“Tras mentir y huir a Latinoamérica, es hora de dar explicaciones” y responder a algunas preguntas, ha insistido.
Precisamente, retó a la dirigente madrileña a que responda si la residencia donde vive se pagó con dinero procedente de los delitos fiscales que ha reconocido su pareja.
Igualmente, de los otros lujos de que disfruta. O si conocía que su pareja facturó cuatro veces más con Quirón Salud desde que iniciaran su relación.
“La dimisión de Ayuso y de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, es una cuestión de salud ética”, ha proclamado.
Bastaría con que fuera solo “porque esos 400 millones pagados a Quirón deberían haber ido a la Sanidad pública de todos los madrileños”, concluyó.
Basta ya de corrupción del pp