El Parlamento Europeo y el Consejo han alcanzado un acuerdo este miércoles sobre el pacto de migración y asilo en el bloque comunitario.
Así, se reformará la política común, incorporando un mayor control de las fronteras exteriores de la Unión Europea. Además, ofreciendo a los Gobiernos que puedan evitar la acogida de parte de los migrantes reubicados, pagando una compensación.
De este modo, se pone fin a años de tensiones entre los propios países del bloque y se llega a tiempo para concluir su tramitación antes de las elecciones europeas de junio. Los momentos más tensos entre los miembros de la UE se dieron en 2015 en la llamada ‘crisis de refugiados’.
No obstante, el nuevo pacto migración necesita luz verde del pleno de la Eurocámara y de los Veintisiete para que se adopte formalmente.
Un acuerdo que buscaba consensuar un equilibrio entre la “solidaridad” con los países en primera línea y la “responsabilidad” que reclaman a estos otros socios, temerosos de los movimientos secundarios.
Por tanto, la solución que han encontrado es un mecanismo de “solidaridad flexible”. Este obliga a los miembros del bloque a dar una respuesta a un socio desbordado por la llegada de migrantes.
Es decir, reubicando en su territorio aparte de las personas llegadas o pagando una compensación por cada migrante que rechace.
Concretamente, se pretende trasladar a, al menos, 30.000 migrantes cada año, aunque los países pueden negarse a recibir a parte de ellos.
Para ello, tendrán que pagar una compensación de 20.000 euros por cada traslado que rechacen o aportando medios o fondos por su valor equivalente.
Un pacto de migración ‘personalizable’
Además, este modelo de solidaridad ‘a la carta’ se aplicará al mecanismo de crisis o fuerza mayor. Este es un sistema que el Parlamento Europeo y países como España e Italia defendieron en un primer momento sin éxito.
Consistía en un mecanismo obligatorio de cuotas de acogida que se activaría solo en situaciones extremas.
Así las cosas, el pacto de migración y asilo contempla deportaciones rápidas para aquellos que no reciban a condición de asilo. Eso sí, siempre y cuando procedan de países considerados seguros.
Otro asunto, no exento de controversia, fue el reglamento para el control previo de entrada. Se pretende, con ello, identificar más rápidamente a quienes no recibirán protección.
En ese sentido, los eurodiputados temen que pueda dar lugar a discriminación de personas controladas.
Dicho control incluye la identificación y recopilación de datos biométricos, controles de salud y seguridad. El proceso no puede tardar más de siete días.
A ese respecto, las autoridades tendrán que tener en consideración las necesidades concretas de los menores.
Para ello, contarán con un “mecanismo de supervisión independiente” y, de esta forma, garantizarán el cumplimiento de los Derechos fundamentales.
Asimismo, el pacto de migración prevé la creación de un procedimiento armonizado para toda la Unión Europea para otorgar o denegar la protección internacional.
Mediante ello se sustituyen los marcos jurídicos nacionales tan distintos entre los países miembros del bloque comunitario.
Por tanto, las solicitudes deben resolverse en un plazo máximo de seis meses. También se reducen los plazos para aquellos casos que son claramente inadmisibles.