Pablo Iglesias e Irene Montero harán como pareja un referéndum a sus militantes sobre su continuidad en Podemos

“Si nos dicen que hemos de dimitir, dimitiremos”.
Serán las bases de la formación morada quienes decidirán sobre la continuidad de Pablo Iglesias e Irene Montero como secretario general y portavoz en el Congreso, respectivamente. En la consulta también se dirimirá si mantienen sus escaños. Así lo anunciaron ayer en respuesta a las reacciones acerca de su “credibilidad”, “honestidad” y “coherencia” con la crítica a las élites después de haber adquirido un chalet valorado en más de 600.000 euros. Y lo hacen de manera conjunta. “Nos incumbe a los dos porque la casa no se la hemos comprado los dos”. Iglesias ha manifestado su sorpresa por la reacción que se ha suscitado: “Soy sincero, no pensaba que esto iba a generar ningún debate ni noticia de estas dimensiones”. Mañana el lunes Pablo Echenique, secretario de Organización, dará los detalles de la consulta a las bases.
“Si alguien cree que tenemos algo de lo que avergonzarnos, no nos corresponde juzgarlo a nosotros. Es la gente de Podemos, los inscritos, los que deben valorarlo”, señaló Montero, después de que su pareja dijera que “cuando se cuestiona la credibilidad de uno, uno no se puede esconder y hay que dar la cara. Les toca decidir a los inscritos de Podemos si seguimos siendo dignos de seguir en las responsabilidades en las que estamos o nos hacen dimitir”. La pregunta que se formulará a los inscritos será: “¿Consideras que Pablo Iglesias e Irene Montero deben seguir al frente de la secretaría general y de la portavocía parlamentaria de Podemos?”, Con dos posibles respuestas: “Sí o no, deben dimitir de la secretaría general y de la portavocía y dejar el acta de diputados”.
Al conocerse las características de la casa y las condiciones del préstamo, se generó un malestar que fue creciendo a medida que transcurría la semana, con la preocupación de que la compra del chalet por parte de la pareja podría restar credibilidad al discurso del partido: “la gente” frente a “la casta”. El único dirigente de la formación morada que ha puesto en cuestión la compra de la vivienda por parte de iglesias y Montero ha sido el alcalde de Cádiz, José María González, Kichi. No obstante, cabe recordar que ambos cumplen con la norma de su código de que un cargo público no puede cobrar más del equivalente a tres salarios mínimos interprofesionales, que en su caso sube a cuatro salarios mínimos por la paternidad futura, y se supera se dona la diferencia al partido y a organizaciones sociales.