Hasta ahora, al menos once audiencias provinciales han decidido desmarcarse de la Fiscalía para que no se revisaran las condenas a agresores sexuales.
Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, marcó este criterio para impedir que se rebajaran las penas tras la entrada en vigor de la Ley de Garantías de la Libertad Sexual, conocida como ‘ley del sólo sí es sí’.
Señaló que no se modificaran si la condena podía imponerse con el nuevo Código Penal (CP). De este modo, se evitaría una rebaja automática de penas.
Sin embargo, una decena de audiencias provinciales aplicarán en las revisiones de condenas por estos tipos de delitos la pena más favorable al reo.
De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha informado que los magistrados de la Audiencia Provincial actuarán según este criterio.
Explica que la nueva ley no hace una “previsión específica de revisión”. Por tanto, señala, “es obligado dicho trámite –la revisión– atendiendo al principio de retroactividad de la ley penal más favorable” al condenado.
En consecuencia, los magistrados de las secciones penales revisarán de oficio las penas que sean superiores a las previstas en la ‘ley del sólo sí es sí’ para los agresores sexuales con el mismo tipo penal.
No obstante, matiza, se atenderá a cada “caso concreto” y al “principio de proporcionalidad”.
Por qué la ‘ley del sólo sí es sí’ provoca reducciones de penas
Esa misma línea seguirá la Audiencia de Almería, porque, dice, la Disposición Transitoria Quinta del CP “no es aplicable a este caso”. Dicha disposición permitiría modular la premisa para no revisar las penas.
También las audiencias provinciales de Alicante, Asturias, Córdoba, Granada, Madrid, Málaga, Valladolid, Vizcaya y Zaragoza han unificado criterio.
Todas ellas aplicarán la pena más beneficiosa para los agresores sexuales según el nuevo marco legal.
Por su lado, la Audiencia Provincial de Navarra sí seguirá el criterio de la Fiscalía y no revisará las condenas. Tampoco lo harán la de La Rioja ni la de Las Palmas.
En todo caso, esperarán a que se pronuncie el Tribunal Supremo, que establecerá doctrina jurisprudencial.