El nuevo Congreso de los Diputados que surja tras las elecciones generales del 23J recibirá pendientes de tramitación unas 15 leyes.
Además, de ellas, dos tienen pendiente sus debates. También heredará la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), caducado desde diciembre de 2018.
Así, cabe destacar que, con la disolución de las Cámaras, se pierde prácticamente todo lo que estaba tramitando el Congreso.
Sin embargo, permanecen, y continúan pendientes, otras que proceden de otras instituciones del Estado, como parlamentos autonómicos. También Iniciativas Legislativas Populares (ILP)
De este modo, la más antigua con la que se encontrará el próximo Congreso viene de 2014. En concreto, una reforma constitucional procedente de la Junta General del Principado de Asturias para ampliar la participación ciudadana. Por ejemplo, si se consigue medio millón de firmas, que se pueda pedir celebrar un referéndum.
Asimismo, hay otras dos reformas de la Carta Magna a propuesta de parlamentos autonómicos.
Concretamente, una que espera desde octubre de 2018 que envió la Cámara balear para que Formentera elija un senador.
Parecida situación ocurre con otra de las Cortes Valencianas para la reintegración efectiva del Derecho Civil Valenciano y que llegó al Congreso en 2020.
Respecto a las ILP, siguen en el cajón cinco. Una de ellas, la que trataba los costes de las prestaciones de dependencia, había llegado a la Cámara Baja en 2014. En diciembre de 2020, el Pleno aceptó tramitarla, pero desde entonces no ha avanzado.
En algún caso, el Congreso ha introducido enmiendas
Otra, a la que llegaron a presentar enmiendas parciales en enero de 2021. Además, una tercera acerca de ratios de enfermeras para asegurar la seguridad del paciente en centros sanitarios.
Entró en el Congreso en 2018, pero se ha quedado en ese limbo en el que continúan otras. Por último, en este tipo de iniciativas, en mayo llegó a presentarse ante la Comisión de Trabajo.
Se trata de una ILP para la regularización extraordinaria de personas extranjeras. Sin embargo, no avanzó más.
Del mismo modo que no caducan las iniciativas procedentes de comunidades autónomas, tampoco lo hacen las reformas estatutarias.
Por ejemplo, la que envió La Rioja –llegó al Congreso en mayo de 2019– y se presentaron enmiendas parciales. Luego se paralizó su tramitación. Y como ésta, otras cuatro procedentes de Murcia (2), Cataluña y Madrid.
En cambio, sí han caducado siete iniciativas autonómicas porque ya se había iniciado su tramitación en la Cámara que ha quedado disuelta.
Por último, el Congreso debe resolver a la renovación del CGPJ. Ahí está la lista de magistrados que proponen sus colegas de profesión y las asociaciones judiciales.
Sin embargo, son los 12 vocales que corresponden de extracción judicial, pero los otros ocho debe elegirlos el Congreso.