Nueva Zelanda no recibirá a los refugiados de la isla de Manus

Se ha negado a negociar con las autoridades de Papúa Nueva Guinea.
Según hemos sabido en este periódico, Jacinda Ardern primera ministra de nueva zelanda, anunciado que no se acogerá a los 421 refugiados que permanecen en la isla de Manus sin que se cuente con la autorización del gobierno australiano, y, además, se ha negado a negociar con las autoridades de Papúa Nueva Guinea.
Las autoridades australianas custodian en la isla a los 421 solicitantes de asilo hacinados desde hace 19 días en un campo de detención de inmigrantes. El gobierno de Nueva Zelanda ofreció acoger a algunos de los refugiados pero el gobierno de Australia lo rechazó. Posteriormente, Peter Dutton, ministro de Inmigración de Nueva Zelanda propuso dialogar directamente con Papúa Nueva Guinea, pero la primera ministra lo ha descartado. “Australia cuenta con toda la información crítica acerca de los refugiados que se encuentran en la isla de Manus, así que cualquier traslado de los refugiados debe ser organizado con la asistencia de Australia”, puntualizo.
Por su parte, según se ha conocido, ACNUR, la agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ha pedido al Gobierno australiano que acepte la oferta de acogida propuesta por el Gobierno neozelandés, pero Malcolm Turnbull, primer ministro de Australia, señaló que la prioridad es un acuerdo de intercambio de refugiados negociado con Barack Obama hace un año, y en referencia a un acuerdo con el gobierno de Nueva Zelanda, ha declarado que “no es una posibilidad a corto plazo”.
Los refugiados que están en la isla de Manus, llevan desde el día 31 de octubre sin agua potable ni electricidad y temen sufrir represalias sí son trasladados a centros temporales. Están pendientes de su traslado a Estados Unidos, siguiendo el acuerdo al que se refirió el primer ministro australiano, ya que la política de inmigración de Australia niega la entrada en territorio australiano de los solicitantes de asilo que lleguen en embarcaciones informales, lo que ha provocado duras críticas por parte de Naciones Unidas y organizaciones defensoras de Derechos Humanos.