Éste es el lío jurídico en el que nos ha metido el Gobierno

A las 00:00 de hoy decayó el estado de alarma, único instrumento para poder limitar derechos fundamentales sin mayor lío jurídico. El Gobierno no ha legislado otra herramienta y sostiene que las Comunidades Autónomas tienen suficiente cobertura legal para fijar restricciones. Eso sí, con el aval de un tribunal.

Así, los Gobiernos regionales se enfrentan a un verdadero lío jurídico si su correspondiente Tribunal Superior de Justicia no avala sus medidas restrictivas.

Los cierres perimetrales o los toques de queda están entre las limitaciones que las autonomías no pueden aplicar si no lo respalda un juez. Con el estado de alarma, no era necesario.

Ahora el Gobierno ha decretado que decida en última instancia el Tribunal Supremo, algo en lo que puede tardar cinco días como máximo, Sin embargo, para cuando decida puede ser demasiado tarde. La intención del Ejecutivo de Sánchez es unificar, de este modo, doctrina.

Por el momento el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha sentenciado que no se pueden mantener en Euskadi los cierres perimetrales. Tampoco el toque de queda ni las limitaciones en el número de asistentes en reuniones sociales y familiares. Afectan a derechos fundamentales. Así que, la primera en la frente.

En cambio, la Corte homóloga de Baleares sí ha avalado las medidas solicitadas por el Gobierno de Francina Armengol, su presidenta. Por tanto, disparidad de criterios que es lo que, supuestamente, debe aclarar el Supremo, que critica el propio decreto.

Así las cosas, los Ejecutivos autonómicos tendrán que acudir a un recurso de casación “express” si su Tribunal Superior de Justicia tumba sus decretos.

Será la Sala Tercera del Supremo quien en cinco días deberá ir unificando doctrina y emitir sentencias en cada caso. Se pretende de este modo que, al sentar jurisprudencia, las medidas se vayan homogeneizando y no se dé lugar a mayor lío jurídico. Y en eso estamos.