Las protestas contra el Gobierno ecuatoriano han llevado a que Lenín Moreno, presidente de Ecuador, traslade la sede del Gobierno de Quito a Guayaquil. Así lo anunció el propio Moreno acompañado por la cúpula militar y policial del país, en un discurso retransmitido por la cadena nacional.
Junto a él, dando al mensaje un carácter solemne, Otto Sonnenholzner, su vicepresidente, Oswaldo Jarrín, ministro de Defensa, y los jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y de la Policía. “He trasladado la sede de Gobierno a esta querida ciudad, de acuerdo a las atribuciones constitucionales que me competen”, dijo el presidente.
Subrayó que las movilizaciones que se viven desde el pasado 3 de octubre “no es una manifestación de descontento” por los recortes económicos, el llamado paquetazo, sino que “los saqueos, el vandalismo y la violencia demuestran que hay un intento de romper el orden democrático”.
Denunciaba, así, que Rafael Correa, ex presidente ecuatoriano, y Nicolás Maduro, el mandatario de Venezuela, estaban detrás de un “golpe de Estado” en Ecuador. “Los más violentos son individuos externos, pagados y organizados”, señalaba.
“¿Es coincidencia que Correa, Patiño y Pabón hayan viajado hace unas semanas a Venezuela? Maduro ha activado junto con Correa, su plan de desestabilización. Ellos son quienes están detrás de este intento de golpe de Estado”, afirmó Moreno.
A su vez, en una alocución de apenas cuatro minutos, advirtió de que no se echará atrás en las medidas económicas adoptadas, que incluye la supresión de las ayudas al combustible. “Desde el Gobierno vamos a seguir protegiendo la integridad de los ciudadanos. La violencia y el caos no van a ganar”, sentenció.
“La eliminación del subsidio a los combustibles es una decisión histórica. Asegura que nuestra economía esté sana y la dolarización, protegida”, aseguraba después de dejar claro que “no voy a dar marcha atrás porque lo correcto no tiene matices”.
Con todo, instó a los sectores sociales a entablar un “diálogo fraterno y sincero”. “Una puerta que desde el Gobierno jamás se cerró”, señaló.
En ese contexto, poco antes de la declaración institucional de Moreno, el Tribunal Constitucional ecuatoriano falló por unanimidad corrigiendo al Ejecutivo y reduciendo de 60 a 30 días el estado de excepción decretado en respuesta a las protestas.
En su comunicado, el alto tribunal pide a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas “el cumplimiento de sus deberes de prevenir y proteger la integridad y derechos de los periodistas y medios de comunicación, de los organismos e instituciones de asistencia humanitaria, así como de la ciudadanía en general”.