La situación se complica en Ecuador, donde Lenín Moreno, su presidente, ha decretado el estado de excepción durante, al menos, 60 días en respuesta y represalia a las protestas suscitadas por la reforma económica impuesta.
Moreno ha dejado de escuchar a su gente, si alguna vez lo hizo. Los ecuatorianos piden que no se eliminen, entre otras cosas, las ayudas al consumo de combustible y que no se libere su precio.
Éste se ha disparado en los últimos días hasta en un 123%. El galón americano de diesel pasó de 1,03 (0,94 euros) a 2,30 dólares (2,09 euros), mientras que la gasolina normal ha pasado de 1,85 (1,68 euros) a 2,40 dólares (2,19 euros)
Sordo y ciego, el presidente de Ecuador ha impuesto esta medida extrema durante 60 días para garantizar “el orden, la tranquilidad y la seguridad”. A su entender, los “focos de violencia” en las movilizaciones “pretenden desestabilizar el Gobierno”. “Debemos abandonar esa costumbre que linda con lo miserable de tratar de imponer criterios”, ha dicho en un discurso público.
María Paula Romo, ministra de Gobierno –Interior- ecuatoriana, ha señalado ante los medios que se podría prorrogar el estado de excepción con el objeto de “despejar las vías” y garantizar el desarrollo de actividades esenciales.
Después de recordar que “paralizar servicios está prohibido por la Constitución y está penado por el Código Penal”, confirmó la detención de 19 personas. También advirtió de que se podrán tomar medidas contra los responsables de los disturbios.
Por su lado, Oswaldo Jarrín, ministro de Defensa, ha destacado que es necesario actuar contra las acciones que “distorsionen el orden y la paz social”. Por ello, la Policía y las Fuerzas Armadas adoptarán las medidas oportunas.
El del transporte es el sector que lidera las protestas, a las que se han unido sindicatos, estudiantes y movimientos indígenas. Los disturbios han llegado a cortar carreteras y bloqueos en Quito y en Guayaquil. La tensión ha crecido cuando un grupo de manifestantes trató de alcanzar la sede del Gobierno.
Así las cosas, Moreno, que se atribuye la “valentía de tomar decisiones”, eso sí sin entablar previamente diálogo con los agentes sociales, ahora quiere ese “diálogo” para solventar las suspicacias surgidas. En cambio, “no existe posibilidad de cambiar” las medidas económicas con las que su Ejecutivo pretende ahorrar al año alrededor de 1.500 millones de dólares con tan solo eliminar las ayudas al combustible.
Calificó el subsidio como “perverso” porque “distorsionaba” la economía e implicaba que recursos del Estado cayesen en “manos de quienes no correspondían”, personas “pudientes” y otras que traficaban con ello.
Richard Martínez, ministro de Finanzas, ha dicho que no cederá al “chantaje” y defendió “lo correcto” de las medidas para evitar que “las mafias que se llevan el dinero a Colombia y Perú” sigan beneficiándose.
El paquetazo, como ya se conoce al paquete de medidas económicas, pretende reducir el déficit fiscal (en torno a 3.600 millones de dólares, unos 3.278 millones de euros) hasta los 1.000 millones de dólares (unos 910 millones de euros) en 2020. En febrero firmó con el Fondo Monetario Internacional un acuerdo de 4.200 millones de dólares (3.825 millones de euros)