Se demandan “medidas urgentes” por la crisis de Derechos Humanos que sufre el país.
Este miércoles han sido denunciadas, por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, continuas represiones y represalias contra los ciudadanos que se han manifestado en los últimos meses en contra de Daniel Ortega, presidente de Nicaragua. Naciones Unidas considera que la comunidad internacional “aparta la vista” a lo que está ocurriendo en el país centroamericano.
Según se recoge en un informe de la oficina dirigida por Zeid Raad al Hussein, es preciso tomar “medidas urgentes” debido a la crisis de Derechos Humanos en Nicaragua, ya que desde el pasado mes de abril se han contabilizado más de 300 muertos y otras 300 personas que se manifestaron han sido detenidas. Otros tantos se han visto en la necesidad de abandonar el país o esconderse por haberse expresado en contra el Gobierno.
Mediante un comunicado, Zeid ha señalado que “la represión y las represalias contra los manifestantes prosiguen en Nicaragua, mientras el mundo aparta la vista”. “La violencia y la impunidad de los últimos cuatro meses han puesto de relieve la fragilidad de las instituciones del país y del Estado de derecho, y han generado un contexto de miedo y desconfianza”, ha destacado.
Esa es la causa por la que solicita tanto al Consejo de Derechos Humanos de la ONU como a la comunidad internacional para que se “adopten medidas específicas con el fin de evitar que la crisis actual degenere en disturbios sociales y políticos aún más graves”.
De este modo, ha abogado porque “cualquier medida de esa índole debería velar por la plena exigencia de responsabilidades en relación a las violaciones y los abusos de Derechos Humanos, así como garantizar el acceso eficaz de las víctimas a la justicia y las reparaciones apropiadas, incluidas indemnizaciones y el derecho a conocer la verdad”.
Denuncia extralimitación de fuerza y ejecuciones extrajudiciales
El periodo que contempla el informe del Alto Comisionado va desde el 18 de abril al 18 de agosto. La primera fecha es la que marca el inicio de las protestas contra el proyecto de reforma de la seguridad social en el país. Se recoge en los documentos el uso desproporcionado de la fuerza a manos de la policía, además de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, violaciones del derecho de libertad de expresión, opinión y reunión pacífica, torturas y malos tratos.
Tal como se relata en el documento, en la fase primera de la crisis, la Policía y elementos armados progubernamentales se limitaron a reprimir las protestas, sin embargo en la fase segunda, que la denominan “fase de limpieza”, tanto la Policía como los elementos armados progubernamentales junto con las “fuerzas de choque” utilizaron la violencia para desmontar las barricadas y los tanques.
Según se indica en el documento, las actuaciones de los elementos armados actuaron con el consentimiento de las autoridades estatales y su actuación fue conjunta y coordinada. “Aunque el Gobierno ya no niega la existencia de elementos armados progubernamentales, sí aprueba sus acciones y les permite operar con impunidad”, subraya el informe.
Tras analizar la información se pone en conocimiento que la mayoría de las víctimas, de entre los 300 muertos y 2.000 heridos, fueron hombres menores de 30 años, el perfil medio de los manifestantes, entre ellos estudiantes universitarios y jóvenes profesionales.
El informe también desvela que militantes del Partido Sandinista, funcionarios del Gobierno y miembros de la fuerza de seguridad fueron agredidos y 22 agentes fallecieron. “El grado de brutalidad de algunos de estos episodios, que incluyeron quemaduras, amputaciones y profanación de cadáveres, ilustra la grave degeneración de la crisis”, explica el escrito, además de pedir que se investiguen también esos abusos.
Lo que está ocurriendo actualmente en Nicaragua puede considerarse una tercera fase de la crisis, que supone la persecución y penalización a los manifestantes y a aquellas personas que son consideradas opositoras al Gobierno. Según ha informado el Alto Comisionado unas 300 personas habían sido imputadas hasta el 18 de agosto, con cargos de terrorismo y delincuencia organizada, por el hecho de haber participado en las protestas o simplemente por apoyarlas.
En el informe se indica que los juicios a los que están siendo sometidos estás personas tienen vicios graves y no se respetan las normas del proceso, como tampoco se respeta la imparcialidad de los tribunales.
Todo ello con el agravante de que muchos funcionarios han sido cesados de sus cargos y considerados críticos con el Gobierno. Por otra parte, se les acosa, intimida y agrede. Desde las altas esferas se desprestigia de modo continuado a los manifestantes y se tacha de “terroristas”, “golpistas” o “plagas” a quienes defienden los Derechos Humanos.
“En vez de reconocer su responsabilidad por los actos ilícitos cometidos durante la crisis, el Gobierno culpa a los dirigentes sociales y de la oposición por lo que denomina ‘violencia golpista’, así como por la repercusión negativa que la crisis política ejerce sobre el país”, se afirma en el informe.
Por ello que el documento insta al Gobierno de Ortega para que se acabe con el acoso, la intimidación y la penalización de las protestas, así como que se disuelva y desarme a los elementos progubernamentales, acabando con los arrestos ilícitos y la puesta en libertad de las personas que han sido detenidas de forma arbitraria.
Se pide, además, al Gobierno de Nicaragua que se adopten medidas urgentes que garanticen la independencia e imparcialidad de los jueces y que se regrese al diálogo entre funcionarios gubernamentales y los representantes de los diferentes sectores, con el fin de alcanzar acuerdos democráticos y que respeten los Derechos Humanos.