“Me sentí espantada. ¿Cuál era nuestro pecado?”. Esas fueron las palabras de Yasmín Juáres cuando fue a Trinidad y Tobago para ver a su marido y su hijo, pero fue detenida en el aeropuerto internacional de Piarco, donde se le informó que no entraría en la isla. Ella se encontraba con otros venezolanos, los cuales, dos días después también fueron deportados por ser considerados personas non gratas. Todo aquello ocurrió un 8 de noviembre de 2017.
Pasaron unos meses y su hijo de 20 años, José Rafael Silva, disc jockey, fue detenido en el transcurso de una redada policial y se le acusó de estar residiendo ilegalmente en el país. Aquel 3 de abril de 2018, comenzaba un calvario de cerca de un año. Para liberar a su hijo, le pidieron que pagase una multa de 1.500 dólares: “Nos decían que había muchos inmigrantes. Por eso teníamos que pagar, pero nuestros bolsillos estaban vacíos”. Juáres ha contado que dieron la mitad del dinero a la corte, pero que no lo aceptaron con el argumento de que se sentían “ofendidos”. Excarcelaron a su hijo en febrero. Pasados tres meses, muchos venezolanos siguen detenidos en las islas por motivos migratorios aunque no existe precisión en las cifras. Karla Henríquez Lozada, consejera diplomática del Parlamento Internacional para los Derechos Humanos, ha manifestado que pueden ser unos 207, pero Carlos Valero, miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, considera que existen unas 89 personas que no tienen libertad.
Las ciudades de Trinidad y Tobago no esperaban la entrada por estampida de tantos venezolanos. Son más 40.000 migrantes los que han entrado en una nación 1,4 millones de habitantes. La mayor parte de ellos, llegaron intentando huir de la pobreza.
Ennymar Idrobo Velandia, novia del fotógrafo Cruz Del Nardo Veliz, obtuvo un certificado de aspirante a asilo emitido por Acnur. A pesar de ello, fue detenida por la policía y permanece encerrada en Centro de Detención de Inmigrantes.
En Trinidad la ley es muy dura respecto a los solicitantes de asilo. Francisco Marín, un periodista que fue detenido en abril, fue testigo de cómo un comisario daba órdenes a sus oficiales para que ignoraran la condición de asilados. “Él tomó mi carné de refugiado y lo mostró a unos 25 policías. Después dijo: ‘Si a ustedes les presentan algún documento de las Naciones Unidas, tengan claro que los jefes somos nosotros, como Gobierno, y esto no tiene validez”, asegura.
El periodista fue detenido cuando se dirigía a un supermercado. Le llevaron a una cárcel en Point Fortín, donde permaneció, junto con otros venezolanos, cuatro días en situaciones infrahumanas.
Su testimonio se asemeja mucho al de Yasmin Juáres, puesto que durante la detención hubo denuncias de su hijo por las condiciones en que se encontraban los migrantes. “En Trinidad, los venezolanos presos no tienen derecho a nada. Ni siquiera a llamadas telefónicas”, argumenta.
El Ejecutivo de Venezuela que lidera Nicolás Maduro mantiene silencio ante estas denuncias. Pero un expediente que recoge los excesos contra los emigrados ha aumentado por Carlos Valero que, tras la reclamación de Acnur al Gobierno de Keith Rowley por la violación de la legislación internacional al producirse la deportación de 82 venezolanos hace meses, despertó su interés por estos casos. De ese grupo de 82 venezolanos, 25 de ellos poseían la condición de refugiados. “Hablamos de cacería de venezolanos. Los perseguían, los detenían unos días en una comisaría, los llevaban al IDC y empezaba un proceso jurídico en el que imponían unas multas de entre 500 y 2.000 dólares. Tras pagar, si no tenían un boleto de retorno tampoco ocurría la liberación. Esto último nos pareció irracional porque no tiene sentido mantener a una persona en ese sitio, contra su voluntad y hasta de manera salvaje”, traslada el parlamentario.
El diputado ha resaltado que ahora hay cierta flexibilidad en la política migratoria. Se emitirá una tarjeta de regularización del estatus de los venezolanos por un periodo limitado entre el 31 de mayo y el 14 de junio. Después de ello, todo queda en manos del primer ministro Rowley, el cual decidirá lo que ocurra con los migrantes que no cumplan las leyes. “Los problemas de los venezolanos son de ellos. Somos un país humano, nos importan y ayudamos, pero la ayuda que Trinidad y Tobago puede ofrecer debe ser limitada. Esta pequeña isla no puede dar la solución para los cientos de miles de emigrantes”, argumentó. Aún así existe un acuerdo de cooperación relativo al gas con el país con mayores reservas petrolíferas.
Cuando a mi me trajeron mis padres a Venezuela, el barco hizo escala en Trinidad, febrero de 1968, dimos un paseo por la Capital y en un parque conocí a los primeros venezolanos, los cuales residían en la isla temporalmente para practicar el ingles.
Ya en Caracas conocí a muchos trinitarios que habían emigrado a Venezuela por necesidades de trabajo, eran casi todos trabajadores no clasificados y nunca vi un maltrato del venezolano hacia el trinitario, como español residente en Venezuela, me duele leer lo que está sucediendo ahora que la cosa se revirtió.