La Fiscalía del Estado propone que la Audiencia Nacional investigue las agencias de gestación subrogada.

María José Segarra, responsable de la Fiscalía General del Estado, ha solicitado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que investigue las actividades, presuntamente delictivas, de una empresa ucraniana que ofrece servicios de gestación subrogada.
Después de analizar los hechos denunciados y la documentación aportada por parte del Ministerio de Justicia, la Fiscalía ha enviado un oficio a la Audiencia Nacional para que estudie las actividades de esta empresa.
La Fiscalía General, a través de un comunicado, ha manifestado que las competencias para investigar si los servicios prestados pueden considerarse delitos, recae en la Fiscalía de la Audiencia Nacional «aun cuando parte de los hechos hayan tenido lugar fuera de España», según se recoge en los artículos 23 y 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Si el Ministerio Público considera que las actividades de la empresa son constitutivas de delito, se enviará el caso a un juzgado. Si no fuesen constitutivos de delito, se archivará las diligencias.
Los hechos partes de una denuncia de la ministra de Justicia en funciones en la que cuestiona los servicios de gestación subrogada en Ucrania, utilizando su sede en España y realizando ofertas en su página web.
La investigación ha sido iniciada en Ucrania, país donde está regulada legalmente. Entre la documentación facilitada al Ministerio Público se considera que pudiesen existir delitos de tráfico de personas, falsedad documental, transferencia ilegal de personas a través de frontera estatal y evasión fiscal, en conformidad con el Código Penal de Ucrania.
Por su parte, el Ministerio de Justicia ha pedido a la Fiscalía que investigue a las empresas que realicen esta actividad y operan en España, advirtiendo que la legislación española prohíbe esa actividad.
Del mismo modo, en su opinión, estas empresas «se lucran mediante esta actividad ilegal que realizan en terceros países».
Por parte del Gobierno también se tienen en cuenta circunstancias como «la posibilidad de que en esos terceros países se vulneren los derechos de las mujeres gestantes» y que, «en ocasiones, se hagan pasar por hijos a niños nacidos sin relación genética alguna con las parejas».
Además el Ministerio de Justicia confirma que todo se hará «sin perjuicio de dar solución a las situaciones de hecho que se hayan creado atendiendo al interés superior del menor».