¿Por qué la comisión parlamentaria sobre el accidente de Angrois está paralizada?

No hay acuerdo sobre su presidencia.
Después de dos meses desde que el Pleno del Congreso creó la comisión de investigación sobre el accidente ferroviario en el barrio santiagués de Angrois en 2013, se está retrasando su puesta en marcha debido a la falta de acuerdo sobre quién debe recaer la Presidencia, la vicepresidencia y las dos secretarías. Según fuentes parlamentarias, PP y PSOE se la ofrecieron a Ciudadanos, que la rechazó. Entonces, se buscó a Isidro Martinez Oblanca, de Foro Asturias, único representante de su partido en el Congreso, quien dice que asumir esa tarea le quitaría mucho tiempo para sus labores parlamentarias, además de que votó en contra de crear esa comisión.
El objetivo de esta comisión es investigar y esclarecer las causas del accidente del Alvia, sucedido el 24 de julio de 2013 y que costó la vida a 81 personas y 150 resultaron heridas. La propuesta transaccional surgida del acuerdo entre PSOE y En Marea, la marca gallega de Unidos Podemos, persigue que “se haga justicia”, como vienen reclamando las víctimas, que se han encontrado con “una carrera de obstáculos”, en palabras de En Marea, y que han tenido que llegar a ir a Bruselas para que se atiendan sus demandas. Para el PSOE, la comisión de investigación de Adif careció de independencia y su evaluación fue deficiente.






Por su parte, la Plataforma de Víctimas trabaja ya en una lista provisional de comparecientes ante la comisión parlamentaria. En ella no figura Francisco Garzón amo, maquinista del tren siniestrado, porque para la plataforma debe diferenciarse el objetivo de la comisión del cometido del proceso judicial, que actualmente está en fase de instrucción. Sin embargo coma si quieren que comparezcan José Blanco, ex ministro de Fomento, y Ana Pastor, que sucedió a Blanco en el cargo y ahora es presidente del Congreso, además de Rafael Catalá, ministro de Justicia, Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta, y Santiago Villanueva, delegado del Gobierno en Galicia, junto a una veintena responsables de Adif y varios representantes del Ministerio de Fomento.

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