La reordenación de los incentivos a la contratación laboral representará un ahorro al año para el gasto público de 48,1 millones de euros.
Con este decreto se introducen nuevas bonificaciones a la Seguridad Social a ciertos colectivos de trabajadores.
Así se refleja en la memoria económica de la futura ley. Es cierto que las nuevas medidas que se contemplan en la norma conllevarán un incremento en el gasto de 197,8 millones de euros.
Sin embargo, al suprimirse determinadas iniciativas, supondrá un ahorro público de 238,93 millones al año.
Por tanto, los incentivos a la contratación que se contemplan representan una reducción en el gasto público de unos 36,13 millones de euros.
Al mismo tiempo, hay que añadir a esa cifra otros 12 millones de ahorro cuando hayan pasado dos años de vigencia de la bonificación.
Esto es porque se transforman en contratos fijos-discontinuos temporales los de trabajadores por cuenta ajena agraria.
De este modo, entre las partidas que mayor gasto público suponen, figuran las nuevas bonificaciones por contratar indefinidos a jóvenes con baja cualificación.
Asimismo, el contrato indefinido de personas en formación práctica en empresas. El total del coste de ambas iniciativas se eleva a 77,6 millones de euros anuales.
A su vez, el que se transformen contratos de formación y de relevo en indefinidos conllevará un gasto de 40,6 millones de euros.
Al tiempo, los costes de tutorización en las empresas asociados al contrato formativo en alternancia supondrán otros 30 millones de euros.
Se eliminan otros incentivos a la contratación
Por otro lado, y en paralelo, la supresión de otras bonificaciones a la contratación permitirá ahorrar 74,8 millones de euros.
Además, extender la actividad de los contratos fijos-discontinuos del turismo y comercio y hostelería asociados al turismo permitiría un ahorro de 130,7 millones.
Estas bonificaciones eran para los meses de febrero a noviembre, mientras con la nueva ley sólo son febrero, marzo y noviembre. Las ayudas se elevarán a una cantidad fija de 174 euros mensuales.
De otra parte, suprimir la bonificación por contratar a un familiar del trabajador autónomo generará un ahorro de 4,8 millones de euros.
Según el Gobierno, financiar los incentivos a la contratación laboral supone más de 1.800 millones de euros en los PGE
Así, la ley busca reducir el desempleo, sobre todo entre los colectivos más vulnerables y crear empleo “estable y de calidad”.
Quien despida a trabajadores bonificados no recibirá incentivos