Los inmigrantes fueron recluidos en una cárcel sin subsanar sus carencias.
Varias fuentes confirman que el Ministerio de Interior, ante la llegada el lunes pasado de medio millar de inmigrantes irregulares, ha recurrido a ingresarles en la cárcel de Archidona, en Málaga, un centro penitenciario que se inaugurará en enero, pero sin la logística necesaria para acogerlos en las condiciones marcadas por la ley. El Ministerio ha intentado suplir estos inconvenientes con raciones de comida, agua embotellada y personal sanitario. ONG, partidos y sindicatos han criticado esta medida que convierte, provisionalmente, el centro penitenciario en Centro de Internamiento de Extranjeros(CIE). Mientras, el Defensor del Pueblo estará vigilante.
Todo comenzó cuando el pasado viernes empezaron a llegar a las costas de Murcia y Almería diversas pateras con centenares de inmigrantes. Agentes de la Brigada Provincial de Extranjería de la Policía se presentaron, el domingo siguiente, ante Mónica Villena, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Vera, con diez sin papeles procedentes de la Playa de los Muertos de Carboneras, solicitando la autorización judicial de internamiento cautelar en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Archidona, lo que la juez aceptó. Sin embargo, el defensor de los inmigrantes asegura que no se le informo de que iban a ser enviados a una prisión, por lo que ha anunciado un recurso para que sean puestos en libertad.
Ese mismo día, la socialista Mercedes Montero, alcaldesa de Archidona, recibió la llamada del secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, que le anunció que se iba a utilizar la prisión como CIE de manera “excepcional y provisional”. En palabras de la alcaldesa: “Me dijo que los inmigrantes iban a empezar a llegar de manera inminente, pero no me dijo fecha”. Ante la llegada el lunes de 464 de ellos, “le volví a llamar y me reconoció que los primeros no tenían que haber llegado hasta el martes pero que todo se había acelerado”, afirma.
Prisas y precipitación
Y es que las prisas no son buenas consejeras. El mismo lunes, el Ministerio envió una nota de prensa en la que se refería a la cárcel como “centro” y a las celdas como “habitaciones”. Asimismo, montó un dispositivo policial de urgencia ya que la seguridad del centro solo puede ser custodiado por policías, no por funcionarios de prisiones, de modo que presentó una convocatoria urgente para pedir 52 agentes voluntarios, que no se incorporarán a este servicio hasta el 27 de noviembre.
Entretanto, y fruto de la precipitación, al no existir servicio de cocina, Interior ha enviado 2.000 raciones de comida y miles de botellas de agua. El centro cuenta con una depuradora entre sus instalaciones pero no tiene autorización para funcionar, según ha confirmado la alcaldesa de Archidona. Igualmente, se han enviado dos médicos y dos técnicos sanitarios, a los que se unirá personal de Cruz Roja. Desde Interior se reconoce que no había una orden del Ministerio escrita que respaldara el cambio de uso de la prisión, si bien, en la línea de las declaraciones del ministro Juan Ignacio Zoido, se insiste en la temporalidad de la medida y se ha negado cualquier irregularidad: “Es una solución mucho mejor que montar un campamento”, han afirmado, a la vez que insisten en que los reclusos no coincidirán en ningún momento con los inmigrantes irregulares por lo que los funcionarios de prisiones no trabajarán en el centro penitenciario hasta que lo abandonen.