Aprobado ayer un real decreto ley que permitirá al Gobierno intervenir empresas estratégicas inyectando liquidez y aportando solvencia. Se trata del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, al que dotada con 10.000 millones de euros.
El objetivo es “aportar apoyo público temporal para reforzar la solvencia de empresas no financieras afectadas por la pandemia”. Es importante el matiz que en ese entrecomillado se detalla. En todo caso quedan excluidas las entidades financieras, como sucediera en la crisis de 2008.
De este modo, el Ejecutivo tendrá la capacidad de intervenir en sectores considerados estratégicos y por varios motivos. Entre ellos, “su impacto social y económico, su relevancia para la seguridad, la salud de las personas, las infraestructuras, las comunicaciones o su contribución al buen funcionamiento de los mercados”, señala una nota de prensa.
Además, al entrar el Gobierno en el capital de esas empresas estratégicas podría representar recibir “dividendos, intereses y plusvalías que resulten de las inversiones”. La nota deja claro que estos “se ingresarán en el Tesoro Público”.
“Este fondo estará adscrito al Ministerio de Hacienda y será gestionado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)”, explica. Asimismo, “ajustándose a la normativa de ayudas de Estado de la Comisión Europea”.
El apoyo a empresas estratégicas será temporal
El apoyo económico que se conceda será temporal y siempre y cuando duren las dificultades derivadas de la epidemia de coronavirus.
Este fondo se incluye en las Medidas Urgentes “para apoyar la reactivación económica y el empleo, cuyo objetivo es reforzar y acelerar la recuperación que ya ha iniciado la economía tras la crisis provocada por la Covid-19”.
La dotación total es de 40.000 millones de euros en avales para créditos dirigidos a la digitalización de las empresas y su adaptación a procesos sostenibles. El Fondo de Apoyo tiene su propia dotación.
Este se articulará mediante diversos instrumentos como la concesión de “préstamos participativos”, adquirir “deuda subordinada” o suscribir acciones. Todo ello con el objeto de ser flexible en las ayudas. Además, destaca la nota, “dará soporte a miles de puestos de trabajo”.
Hacer política económica socialdemócrata es esto. Que el Estado participe en empresas de sectores estratégicos de la producción, para no fiarlo todo a la voluntad del mercado (con la crisis sanitaria hemos tenido una dramática experiencia)