Filipinas, por orden de Rodrigo Duterte, su presidente, rechazará toda línea de crédito o subvención que venga de España. No solo de aquí, sino de cualquiera de los 18 países que apoyaron una resolución para investigar posibles abusos cometidos durante la lucha filipina contra la droga.
Dicha resolución fue presentada por Islandia y respaldada, además de por España, por Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Bulgaria, Croacia, República Checa, Dinamarca, Fiyi, Italia, México, Perú, Eslovaquia, Ucrania, Reino Unido y Uruguay.
Ha sido Salvador Panelo, portavoz de la Presidencia del Estado, quien ha anunciado dicha medida en una entrevista. Antes, había negado que el presidente filipino hubiera dado la orden, pero ahora, alegando un “fallo de memoria” rectifica sobre el desmentido anterior y afirma que Filipinas se siente “insultada” por la iniciativa de la investigación.
Mientras que la Policía del archipiélago dice que fueron seis mil las muertes sucedidas desde que comenzó la campaña antidroga, organizaciones de Derechos Humanos señalan que la cifra real es de más de 20.000 y han puesto el foco en la dudosa legalidad de las tácticas empleadas por las autoridades de Filipinas.