Entra en vigor la reforma que ralentiza la ley de amnistía

Entra en vigor la reforma que ralentiza la ley de amnistía

Con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), adquiere plena vigencia la reforma del Reglamento del Senado que permitirá ralentizar la tramitación de la ley de amnistía.

Una norma cuya proposición registró en el Congreso el PSOE en solitario este último lunes.

Impulsada por el PP, con mayoría absoluta en la Cámara Alta, la reforma vio luz verde el pasado martes gracias a los votos populares, Vox y UPN. En total, 147 votos a favor.

Además, el PP ha incluido otra modificación por la cual se obliga a todos los miembros del Gobierno a comparecer ante el Senado.

Para ello, bastará con que dos grupos parlamentarios o una quinta parte de los senadores lo soliciten.

En concreto, los artículos que se han reformado y han entrado ya en vigor son el artículo 133 y el 182.

Así, el primero de ellos faculta a la Mesa de la Cámara Alta para decidir acerca de la oportunidad de la tramitación urgente de una proposición de ley.

Es, precisamente, este artículo el que servirá a los populares para retrasar la devolución de la ley de amnistía más tarde de lo que obliga la vía urgente.

Hasta ahora, si una proposición de ley llegaba con la petición de su tramitación urgente, el Senado debía hacerlo en 20 días.

De este modo, con el nuevo Reglamento en la mano, puede retrasarlo hasta un máximo de dos meses en condiciones normales.

Lo que ocurre es que, además, están las Navidades de por medio, que son inhábiles. Por tanto, su tramitación en la Cámara Alta se retrasará algo más, aunque no mucho.

Respecto al artículo 182, la cuestión surge después de que el Ejecutivo rechazara comparecer ante el Pleno del Senado por diversos asuntos.

Lo solicitaron varios partidos, pero el Gobierno alegó que no se recogía en el Reglamento. De hecho, esta reforma viene a demostrar que el Ejecutivo llevaba razón al negarse a acudir a la Cámara Alta.

El PSOE ha adelantado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional las reformas, aunque la Corte de garantías tardará, al menos, seis meses en resolver.

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