Como era de esperar, el PP ha hecho valer su mayoría absoluta en el Senado para dilatar la tramitación de la ley de amnistía en la Cámara Alta.
Una norma cuya proposición registró en el Congreso el PSOE en solitario este último lunes.
De este modo, los votos populares, junto a los de Vox y UPN retrasarán la devolución de la ley de amnistía a la Cámara Baja un máximo de dos meses.
Así, el Pleno del Senado aprobó este martes la reforma del Reglamento de la Cámara con el objetivo último de ralentizar la amnistía.
De este modo, la Mesa decidirá si aplica o no el procedimiento de urgencia en las proposiciones de ley procedentes del Congreso. Se ha hecho modificando el artículo 133 del reglamento.
Dejar en un limbo la ley de amnistía
Si se admitiera la tramitación por la vía urgente, los plazos se acortan a 20 días. En cambio, con la reforma, no admitiendo el procedimiento de urgencia, la Cámara Alta puede tardar hasta dos meses.
Incluso, podría dejarla en un limbo, como ‘amenaza’, Cuca Gamarra, secretaria general del PP. Eso sí, no más de los mencionados dos meses, tal vez algo más, puesto que hay vacaciones parlamentarias de por medio.
Dicho esto, el PSOE ha anunciado que recurrirá la reforma ante el Tribunal Constitucional (TC), una modificación que otros grupos de izquierda también han denunciado. Todos consideran que va en contra de la Carta Magna.
Para ello, argumentan que la reforma contraviene el artículo 90 de la Constitución. Según sostienen, establece un plazo de 20 días para vetar o enmendar un proyecto de ley declarado urgente por el Gobierno o por el Congreso.
Además, dicen, el Constitucional interpreta que este plazo debe aplicarse también a las proposiciones de ley.
Entretanto, el PP rechaza las acusaciones, asegurando que la reforma cuenta con el aval de los servicios jurídicos del Senado.
Asimismo, aboga por una tramitación ordinaria y carga contra la izquierda, a la que acusa de querer impedir que acudan a la Cámara Alta los jueces y expertos.
De ese modo, denuncian los populares, la izquierda pretende que “no se conforme una opinión jurídica” y que se “les diga que es una aberración”.
Reacciones de otros grupos
Mientras, los grupos de izquierda y los socios de investidura del PSOE acusan al PP de “autoritarismo” y “filibusterismo” en el Senado.
Igualmente, de llevar a cabo esa devolución del “golpe por golpe” que prometió Isabel Díaz Ayuso, presidente de la Comunidad de Madrid, contra la amnistía.
Así las cosas, una de las intervenciones más duras ha sido la de la senadora de Más Madrid Carla Antonelli.
Denunció que el PP pretende dar un golpe de Estado y meter una “dictadura de los perdedores por la puerta de atrás”, por el Senado.
Por su parte, Josep Clieres (Junts) cree que los populares se centran más “en la venganza que en el bienestar real del país”.
Mientras, el PNV carga contra el PP por utilizar la Cámara Alta como trinchera. Pero sentencia: “Las trincheras sirven para parapetarse pero también impiden avanzar”.
Obligar al Ejecutivo a comparecer
A ello se une que los de Núñez Feijóo han sacado adelante otra reforma del Reglamento para obligar al Gobierno a comparecer ante el Senado.
Será así, reformado el artículo 182, cuando los reclame la Junta de Portavoces previa solicitud de dos grupos o la quinta parte de los senadores.
Una posibilidad que hasta el momento no se contemplaba expresamente en la norma que rige la Cámara Alta.
Y es que, la semana pasada, el Senado no pudo debatir las comparecencias de cuatro ministros.
En ese sentido, el Ejecutivo alegó que se contemplaban para los plenos.
Entonces, el PP acusó al Gobierno de declararse en “rebeldía” y de practicar un “boicot” a la Cámara Alta.
A ello responde el PSOE que la reforma del Reglamento es la “prueba del algodón” de que el Ejecutivo llevaba razón.