Se elabora y se publicará una lista de estos.
En respuesta a una pregunta del diputado socialista Antonio Hurtado, el Gobierno ha informado de que el Ministerio de Justicia “está procesando los datos para la realización” del listado de bienes inmatriculados por la Iglesia Católica. Una vez finalizado, se procederá “a su publicación de forma que se garantice el cumplimiento de la Ley Hipotecaria y la Ley Orgánica de Protección de Datos”.
“Va a ser un punto de partida muy importante”, ha manifestado Hurtado. “Se han inmatriculado bienes de dominio público que pertenece a la colectividad y son de uso y servicio público”. De este modo, se podrán iniciar reclamaciones por parte de particulares e instituciones.
Se cambió la Ley Hipotecaria
En 1988, el Gobierno de José María Aznar modificó la Ley Hipotecaria de forma que se otorgaba a la Iglesia la potestad de acreditar la propiedad de templos o lugares de culto. Según el diputado socialista, esta reforma habría permitido a la Iglesia inmatricular bienes de dominio público no teniendo la necesidad de “acreditar su propiedad” puesto que se le daba un “perfil de institución pública a una institución privada que es la Iglesia”.
Con la iniciativa de Justicia, Hurtado sugiere que la Iglesia “reconsidere el uso que ha hecho de ese cambio normativo” y renuncie a estos bienes “de forma voluntaria”. Sería la alternativa a la vía judicial que “habrá que poner en marcha para recuperar los bienes que han sido apropiados de forma indebida”, señala el diputado socialista.
La modificación normativa no fue acorde con las leyes europeas
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya dictó varias sentencias que advertían de que “ese cambio normativo no está acordé a la normativa europea ni a la Convención de Derechos Humanos”, dando la razón a los particulares que reclaman los bienes a la Iglesia, apuntó el parlamentario.
En abril de 2017 la Comisión de Justicia del Congreso aprobó una iniciativa para reclamar esa lista al Gobierno de Mariano Rajoy. De este modo, el actual Ejecutivo “se compromete a hacer efectivo un acuerdo” de la Cámara Baja. “Si la tenía, la tenía en el fondo de un cajón”, ha ironizado Hurtado, y y ha criticado que el anterior Gobierno “se limitase a pedir al Colegio de Registradores de la Propiedad una relación de todas las inmatriculaciones”. “Lo que conocemos puede que sea la punta de un iceberg y que sean más propiedades de las que se pueden estimar”, sentenció.
No es suficiente pretenderlo y que se quede en mera declaración de intenciones o se sumará al incumplimiento de la publicación de indultados fiscales.