Diez años después, no podrán circular por España.
Según el documento base para la elaboración de la Ley de Cambio Climático en el que está trabajando el Ministerio para la Transición Ecológica, 2050 será el año en el que los coches que emitan CO2 dejarán de circular por las calles y carreteras españolas. Se impondrá, entonces, un sistema eléctrico 100% renovable.
Será un decenio antes, 2040, a partir de cuando quedará prohibido matricular y vender vehículos diésel, gasolina e híbridos, así como la prohibición del fracking. En ese intervalo se desarrollarán las actuaciones que serán establecidas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y en la Estrategia de Bajas Emisiones, por los cuales se pone fin a los permisos de hidrocarburos y a las ayudas económicas a energías fósiles.
Desde ayer los grupos parlamentarios y sectores interesados podrán analizar el documento. El objetivo del Ministerio es disponer de un texto con un amplio consenso para ser remitido al Consejo de Ministros y al Parlamento para su tramitación antes de fin de año.
Según han indicado fuentes ministeriales, la idea es descarbonizar la economía en 2050, contando con un plazo intermedio desde 2030, de forma que España cumpla la exigencia de esfuerzo estimado de la Unión Europea para nuestro país respecto a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en, como mínimo, un 20% en relación a 1990.
El borrador contempla que se reduzcan 60 millones adicionales a los 290 que se exige al conjunto de la economía. Así, se trata de conseguir una reducción de hasta 230 millones de toneladas de CO2, como mínimo.
El borrador tiene carácter globalizador, abordando un todo que incluye las redes energéticas, la eficiencia, el transporte o la fiscalidad, o la edificación y que tiene previsto que los Presupuestos Generales del Estado impacten de manera positiva en la lucha contra el cambio climático en al menos el 20% de ellos.
Entre las medidas, la mencionada de los vehículos turismo y comerciales en la misma línea que están contemplando en otros países como Reino Unido, Dinamarca, Francia, Irlanda o Alemania, aunque todos ellos puedan barajar diferentes fechas.
Puesto que la competencia en materia de movilidad corresponde a los ayuntamientos, Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, ha avanzado que se llegará a un acuerdo con el conjunto de las administraciones municipales respecto al proceso de aplicación de la ley porque “no pueden ser agentes externos y ajenos en un proceso en el que son, casi, los principales actores”.
Desde el departamento que dirige Teresa Ribera entienden que el sector tiene tiempo suficiente para adaptarse, puesto que aún quedan 32 años para la entrada en vigor de un sistema eléctrico 100% renovable. Entre las medidas complementarias, cabe destacar la obligación de que las estaciones de servicio instalen puntos de recarga eléctrica, según sus ventas y el territorio, de forma que se garantice una movilidad eléctrica con recorrido por toda España.
La ley va más allá y pretende acabar con cualquier consumo de combustibles fósiles. Así, no serán autorizadas nuevas actividades de exploración ni permisos de investigación ni concesiones de explotación de hidrocarburos en el territorio nacional y el mar territorial, lo que incluye la prohibición del fracking, cuyos permisos en vigor no podrán ser prorrogados más allá de 2040.
En paralelo, desde que entre en vigor la nueva ley quedan prohibidas las ayudas e inversiones en combustibles fósiles, así como se darán por terminados los existentes. La Administración General del Estado no volverá a invertir en participaciones o herramientas financieras que incluyan la explotación, extracción, refinado o procesado de combustibles fósiles y se desprenderá de las participaciones o instrumentos financieros de empresas relacionadas con esta actividad.
El Estado impulsará el biometano y otros combustibles sintéticos cuyo origen es renovable y los biocarburantes sostenibles para el transporte aéreo, así como un mínimo de 3.000 megavatios de potencia al año partiendo de renovables. Se aprobará un Estatuto de Consumidores Electrointensivos.
Respecto a las edificaciones, el objetivo se concentrará en la rehabilitación del parque de viviendas a través de la renovación de los edificios existentes con el fin de conseguir alta eficiencia energética y que queden descarbonizados antes de 2050. Para ello, se aplicará un ritmo de un mínimo de 100.000 viviendas al año entre 2021 y 2030. Mediante la aprobación de una estrategia a largo plazo se pretende la rehabilitación energética de edificios con ayudas y financiación sobre todo en barrios y colectivos vulnerables.
En consecuencia, la Administración General del Estado dará prioridad a los criterios de reducción de emisiones y huella de carbono a la hora de la contratación pública. Asimismo, las nuevas edificaciones deberán ser de consumo energético casi nulo. Se marca el plazo de 2025 para que los edificios existentes consigan la máxima calificación energética.
Tal es así, que a partir de ese año el sector público sólo podrá alquilar inmuebles de consumo energético casi nulo. Aquellos alquileres en vigor que no cumplan las condiciones no se prorrogarán más allá de esa fecha.
Según el borrador, se exigirá un informe de riesgo climático a todas las empresas del IBEX 35. Desde el Ministerio se considera que éstas podrán movilizar en torno a 100.000 euros hasta 2030 en la descarbonización.
Un Comité de Cambio Climático y Transición Energética será creado para asesorar de manera independiente al Gobierno. Lo compondrán expertos que harán recomendaciones y el Ejecutivo las pondrá en marcha.
Con todo ello se pretende que en 2030 la penetración de energías renovables sea del 35%, con un sistema eléctrico con, como mínimo, de un 70% de generación renovable y una mejora de la eficiencia energética del 35% respecto a la línea marcada por la Unión Europea.
El objetivo para 2050 es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en un 90% respecto al nivel de 1990 y un sistema eléctrico 100% renovable.
Para conseguir todo ello, nuestro país deberá emitir en 2030 230 millones de toneladas, es decir una reducción del 20% del total, que en la actualidad está un 17% por encima de las emisiones de 1990. Por tanto, una de cada tres emisiones debe desaparecer.