En los años 1924 y 1925, el prestigioso escritor valenciano Vicente Blasco Ibáñez editó en París un conjunto de folletos y artículos que había publicado en Francia, y en los que criticaba con dureza la política alfonsina, como buen republicano. El título del último no dejaba lugar a dudas: Por España y contra el rey, en cuyas páginas ampliaba su censura ofreciendo detalles de los numerosos tratos de favor que había recibido el monarca como posible inversor desde diversas entidades financieras o industriales. Curiosamente, casi todos los negocios irregulares que ya entonces se le atribuían estaban relacionados con el juego, los casinos y las apuestas.
Los primeros días de abril de 1932 corrió por Madrid la noticia de la demanda interpuesta ante la Comisión de Responsabilidades organizada por el gobierno republicano, por don José de Arrizabalaga Mendoza, contra don Alfonso de Borbón y su numerosa “camarilla real”. Formaban ésta una veintena de ilustres personajes, como los duques de Alba, Pastrana y Montalvo, el marqués de Villabrágima, los condes de Lérida y de la Dehesa, y el vizconde de Altamira, todos ellos unidos al monarca por razones de amistad e intereses. La demanda se iniciaba con la declaración de que don Álvaro de Figueroa y Alonso Martínez, marqués de Villabrágima e hijo del conde de Romanones, había obtenido de éste el correspondiente permiso para organizar ilegalmente un próspero negocio, que compartiría con unos cuantos amigos del rey. Para cumplir tal objetivo, creó en 1929 una sociedad con aparentes fines deportivos, denominada “Club Deportivo Galguero Español”, al tiempo que un colaborador suyo –Carlos Luis de Izaguirre– constituyó una sociedad anónima, con un capital de 100.000 pesetas, que denominó “Liebre Mecánica”, y cuyo objeto social era la explotación de las carreras de galgos en pista.
El “invento” no se le había ocurrido a ningún compatriota. Nació en los Estados Unidos de América ese mismo año, cuando un individuo ideó una liebre artificial, tras la que corrían los galgos de un canódromo, creyendo que era auténtica. A pesar de lo singular del espectáculo, en un principio fue un fracaso como tal, hasta que al mismísimo Al Capone se le ocurrió implantar las apuestas sobre estas carreras, inaugurando un primer canódromo en Chicago que pronto comenzó a producir beneficios. Tantos, que el promotor enseguida trasladó el floreciente negocio a Europa, comenzando por Inglaterra, para intentar a renglón seguido su implantación en España, donde los interesados deberían de disponer ya de alguna información detallada sobre el devenir del negocio. Aquel año de 1929, la dictadura del general Primo de Rivera estaba dando ya sus estertores, lo que no impedía que éste se negase reiteradamente a conceder a los galgueros la preceptiva autorización gubernamental para dar paso a las apuestas sobre las carreras en pista, prohibidas entonces en España. Quizás alguien debió de haberle puesto al dictador sobre aviso para no acceder a ello, por no tener muy claras las intenciones escondidas detrás de aquella generosa declaración documental de principios, según la cual los beneficios obtenidos por la organización de las correspondientes carreras y sus apuestas “se dedicarían íntegramente al fomento de la raza del galgo español”.
El relevo en febrero de 1930, del general Primo por su colega Berenguer, quien nombró como ministro de Fomento al amigo y abogado del rey, Leopoldo Matos, siendo finalmente éste, junto al nuevo director general de Seguridad, el general Emilio Mola, quienes concederían el definitivo permiso para la organización de carreras y apuestas, dando paso al floreciente negocio en España, por una Real Orden de 26 de abril de 1930. Mientras tanto, el susodicho marqués había adquirido también un buen paquete de acciones de la sociedad “Stadium Metropolitano”, que explotaba el campo de fútbol donde jugaba el Atlético de Madrid, entidad arrendataria de los de la “Liebre Mecánica”. Según el denunciante, los accionistas de ambas entidades y el “Club Deportivo Galguero” –todos ellos los mismos y amigos del rey– obtuvieron un beneficio superior a los 3 millones de pesetas de entonces durante el año que tuvo de vida el negocio, que había sido ya extendido a Valencia y Palma de Mallorca. Incluso, para ocultar la identidad de los camaradas reales, se contrató a un gestor experto en este sector, bajo la figura de subarrendador, al que también engañaron, pues descubrió demasiado tarde aquel enredo empresarial, lo que no fue impedimento para que uniera la suya a la denuncia de Arrizabalaga.
Aunque la verdad era que al depuesto monarca no le interesaban demasiado las consecuencias directas que le pudiesen afectar, tanto las provenientes de tribunales republicanos por sus presuntamente delictivas actividades económicas, como las políticas del propio Congreso de los Diputados, declarándole responsable de muchos de los numerosos despropósitos de su reinado. Lo cierto fue que la Comisión de Responsabilidades se inhibió, considerando los hechos como delito común, por lo que trasladó las denuncias al fiscal general de la República, quien a su vez las remitió al juzgado de guardia, y éste al de Instrucción nº 10, quien incoó el correspondiente sumario. Aunque el juez, tras elevar su instrucción al Tribunal Supremo en diciembre de 1933, exhortó al monarca para que declarase ante el Tribunal del Sena de París, lo que nunca sucedió. Los sucesos de octubre de 1934, la guerra civil y el arribo del franquismo, y mucho más aún la muerte del monarca en febrero de 1941, echaron tierra definitiva sobre la causa.
Don Alfonso intentó siempre propiciar su aproximación a los grandes multimillonarios estadounidenses, a los que tenía por ser los que olfateaban los mayores negocios. Por ejemplo, en su incipiente industria cinematográfica sonora, para completar las pequeñas inversiones que ya poseía en las más diversas compañías españolas, incluidas las modestas en la empresa productora de las películas “sicalípticas” de unos hermanos catalanes. Ya sabía él, muy acertadamente, por cierto, que la naciente industria no requeriría sólo plumas de escritores, directores de oficio, así como de apuestos actores y bellas actrices con buenas dotes interpretativas y hermosos cuerpos y rostros. Antes que eso, la moderna industria cinematográfica necesitaba de sustanciosas inversiones económicas, por más que fuese aún de forma modesta y hacia una parcela muy concreta de aquélla en la que tenía invertida una pequeña cantidad.
Evidentemente, no es que al monarca le preocupase en demasía nuestra cultura y su proyección a escala internacional en el moderno soporte cinematográfico, pero la posibilidad de entrar en los intereses de una industria, sin duda ya floreciente y con mejores perspectivas aún, sí le llamaba poderosamente la atención. Y, además, con la ventaja de hacerlo antes que otros muchos en nuestro país. No dejaría de interesarse por aquello; ya le dirían cómo. De momento, lo comentaría con el conde de Aybar o con Paco Moreno, los más allegados gestores de su patrimonio, quienes llevaban muchos años administrándolo con razonable eficacia.
El cine erótico se visualizaba únicamente en privilegiados medios sociales, por lo que don Alfonso, perseguidor siempre de cuanta mujer se terciaba, fue pronto un buen ejemplo de consumidor de las escenas eróticas filmadas. El dictador no le andaba a la zaga, pues su régimen había supuesto una manifiesta relajación de las costumbres morales del país… Y algún dinerillo había invertido el rey en el negocio. La llegada del cinematógrafo había motivado la creación, entre otras, de la productora barcelonesa Royal Films, fundada en 1915 por los hermanos Ramón y Ricardo Baños, autores de importantes éxitos del cine mudo español. Éstos le suministraban al monarca, por medio del también gran aficionado a semejantes orgías visuales, su amigo el conde de Romanones, las más obscenas filmaciones que aquél visionaba a solas o con un reducido grupo de amigos, con sumo interés y delectación, en la moderna sala de proyección de que disponía en Palacio. Y hasta daban ideas para nuevas filmaciones e invertían algunos dineros en tan libertina industria. Eran así vivos ejemplos de la doble moral que mantenían “respetuosos” padres de familia, quienes alternaban su asistencia a las misas mayores dominicales con sus visitas a los elegantes prostíbulos cualquier noche de entresemana.
Como ejemplo de la actitud del Borbón con respecto a estos temas, en círculos restringidos se conocía la siguiente anécdota: Cuando la famosa periodista y escritora americana Anita Loos –autora de la exitosa novela Los caballeros las prefieren rubias– le hizo una entrevista al rey, surgió en la conversación el tema de Fatty Arbuckle quien, junto a Charles Chaplin y Buster Keaton, era una de las más famosas estrellas del cine mudo de Hollywood. La escritora le cuenta la anécdota de que el popular Fatty, en septiembre de 1921 y en un hotel de San Francisco, había participado en una de las célebres orgías que se organizaban en la meca del cine americano, en la que, al parecer, había violado con una botella de champagne a la starlette Virginia Rappe, quien murió un par de días después a causa de la peritonitis producida por el brutal forzamiento. Fatty fue exonerado por el tribunal que le juzgó, pero el escándalo acabó con su carrera en Hollywood. Tras oír el relato, el monarca opinó: “¡Qué mala suerte. Eso le puede pasar a cualquiera de nosotros…!”.
Para él, había sido simplemente una cuestión de mala suerte. Sobra cualquier otro comentario.