No obstante el filibusterismo parlamentario que ha acechado al Gobierno socialista durante sus nueve meses, hasta conseguir el arrumbamiento de unos Presupuestos Generales cuyo contenido se impidió, por causas exógenas, discutir, no obstante ello –repito- algunas de las medidas de carácter social tomadas por el Ejecutivo se han salvado dentro de la ortodoxia regulatoria.
Así, la elevación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a la cifra de 900 Euros/mes para todo el presente año. Tan justa medida ha sido posible merced a la entrada en vigor, al comienzo de este año, del Real Decreto 1462/2018 de 21 de diciembre, que lo fijó en esa cantidad para cada mes de 2019. Ello, a su vez, amparado en el Real Decreto Legislativo 2/2015, por el que se actualizó el Estatuto de los Trabajadores y cuyo artículo 27 prevé esa determinación anual del SMI por el Gobierno. Así se ha hecho, para bien de todos cuantos asalariados superan un tanto anteriores situaciones personales inaceptables y –según diré después- negativas par la economía en su conjunto.
Pero como era previsible, ello ha dado lugar a las consabidas protestas procedentes del conocido batallón de los “austeros” a cargo del otro, nunca de sí mismos.
La CEOE recurrió al conocido y serendípico (“profetizo aquello que practicaré a fondo”) argumento acerca de “los efectos negativos en la negociación colectiva”, pero el anuncio ha sido desmentido por la realidad, los datos oficiales más recientes (marzo 19) nos hablan de cerca de 23 millones de ocupados, de ellos 19 y medio millones asalariados.
Se necesitaba, pues, algún otro dictum de mayor enjundia doctrinal, a ser posible a emitir por Instituciones u organismos ornados de sabiduría y neutralidad.
¿Quién mejor que el Banco de España, a ser posible a través de su Servicio de Estudios? Emitió éste su dictamen -avalado por el Gobernador Pablo Hernández de Cos- el 1 de febrero último, posiblemente con la fallida -por imposible e ilegal- intención de una marcha atrás gubernamental.
Literalmente, se expresa así: “La mejora que pueda haber de las rentas podría verse neutralizada (…) por una mayor inflación precisamente en los productos que más consumen los rentas bajas”.
¡Acabáramos! En cuanto el asalariado mínimo alcance la condición de llegar a comprarse ¡por fin! uno u otro producto de primera necesidad (alimentación, ropa, etc.), induce al respectivo tendero a subir el precio, desde ya.
Tendero avisado, especulador al minuto, sobre la marcha, y céntimo a céntimo de euro.
Y novecenteurista a la ruina, por dilapidador.
Ocurre que esta sabia doctrina no pasa de ser, quien lo dijera, un adam-smithismo deformado: La famosa “mano invisible”, paradigma del libre mercado, no preveía tal picardía en subidas de precio, en el fondo contraproducentes en cuanto disuasorias frente al posible comprador, sino que preveía un comerciante “dirigiendo su industria de manera que el producto pueda alcanzar su máximo valor” (directing that industry in such a manner as its produce may be of the greatest value)[1], es decir, aumentando e intensificando su actividad. En roman paladíno, vendiendo más.
Mayor actividad económica que redunda en crecimiento.
Lo que no es una sorpresa: Son reiterados los dictámenes de la UNCTAD (ONU) sobre el efecto positivo de la subida equilibrada de los salarios en cuanto a la actividad económica y por tanto respecto del PIB, ya que los asalariados consumen sus ingresos al todo, mientras los ricos sólo al 40%.
Y a más demanda, más producción, más crecimiento (a no ser que la “mano invisible” haya quedado entumecida…)
Así lo confirman los datos más recientes referidos a nuestro crecimiento, del 2´5% en 2018, que se mantendrá (FMI) al 2´2% en este año, siempre por encima de la media de la Zona Euro. Y probablemente recuperado con esa subida del mínimo salarial que, a más de justicia, aporta prosperidad.
[1] Adam Smith, “An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations”, edición Encyclopaedia Britannica, INC 1954, pág.194.