Cómo El Corte Inglés podrá salvar a Iberia del Brexit

Las compañías aéreas que no tengan al menos el 51% de su control en manos de países de la UE perderán sus permisos de vuelo dentro de la Unión.
Iberia y Vueling, propiedad al 100% de IAG, negocian con la Comisión Europea para demostrar que sus dueños pertenecen a la UE. Estas compañías aéreas están advertidas desde el pasado 20 de diciembre, en que la Unión Europea presentó su plan de contingencias ante el hecho de que Reino Unido abandone la UE sin aceptar el Acuerdo de Salida. De ser así, aquellas que no tengan al menos el 51% de su control en manos de países pertenecientes a la Unión, podrán tener vuelos de conexión con Reino Unido, pero perderán sus permisos de vuelo dentro de la UE.

El Gobierno español está tratando de ayudarlas en la negociación con Bruselas, aunque no han desvelado su estrategia para convencer acerca de la españolidad de Iberia. Resulta difícil confirmar que más del 50% del control de la aerolínea es de ciudadanos o compañías de la Unión Europea si Reino Unido deja de pertenecer a ella. IAG, la compañía matriz de Iberia, Vueling, British Airways y Aer Lingus, está en manos en un 21,4% de Qatar Airways, en un 5,26% del fondo estadounidense Europacific Growth y el resto de minoritarios y accionistas que compran acciones en la Bolsa de Madrid o en Londres. En ese contexto, no se puede garantizar que Iberia y Vueling sean españolas.

Una segunda estrategia pasaría porque la aerolínea tiene nacionalidad española porque su sede está en España y porque el poder de control está en manos de una empresa española como es El Corte Inglés. para demostrarlo, han tirado de la cuerda y sacado a la luz la compleja estructura societaria que se utilizó para fusionar Iberia y British Airways en 2011. Dicha estructura sigue vigente, aunque ha experimentado modificaciones importantes, a pesar de lo cual se sostiene que los derechos políticos siguen en manos españolas. ¿Qué significa esto?

Hay que separar los derechos económicos, es decir, del negocio, de los derechos políticos o de voto. Para “blindar la españolidad de la compañía”, cuando se fusionó con British Airways, la aerolínea pasó a ser propiedad al 100% de IB Opco, en la que se separan los derechos de voto de los derechos económicos. Así, el 100% de estos últimos quedaron en manos de IAG al 100%, mientras que los derechos políticos se repartieron en un 49,9% para la matriz y el otro 50,01% para Garanair, hoy propiedad de los grandes almacenes al 100%.

Esta empresa no tiene poder económico sobre Iberia, de hecho, apenas vale nada, pero controla teóricamente el 50,01% de los derechos políticos de la aerolínea. Fundada en 2010, llegó a tener 9 consejeros y ahora solo tiene un administrador único, Jorge Pont Sánchez, ejecutivo de El Corte Inglés y patrono de la Fundación Ramón Areces, que es el principal accionista de los grandes almacenes. Según consta en el Registro Mercantil, tiene un empleado y su cifra de negocio en las últimas cuentas registradas, de 2016, era de 608.000 euros. Además, comparte domicilio social con El Corte Inglés, que, hasta abril, solo tenía el 13% de los títulos de esta compañía. El resto estaba en manos de Bankia, que a su vez era propiedad en un 60,6% del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, FROB, es decir, del estado. La entidad bancaria tuvo que deshacerse de los negocios que no fueran netamente bancarias y vendió sus participaciones en los derechos políticos a los grandes almacenes.

Así las cosas, en notas al pie de las cuentas de 2017 de IAG se señala que “las acciones, que representan el 50,1% del capital social nominal total y del número total de derechos de voto, pertenecen a la sociedad española constituida para implementar la estructura de nacionalidad de Iberia”. En el caso de Vueling, propiedad de Iberia, protegida una, quedan protegidas las dos. La propiedad económica es, al 100%, de IAG, mientras que los derechos de voto de Iberia son propiedad, en un 51%, de una empresa española. Además, Pont es vicepresidente de la aerolínea.

Vista esta compleja estructura societaria, la cuestión es si será suficiente para que sea considerada empresa española cara a la Comisión Europea. Por su lado, Lufthansa y Air France, competidores directos de la matriz de Iberia, se muestran dispuestos a combatir para hacerse con su cuota de negocio en la Unión Europea con la esperanza de que el argumento de los derechos políticos no cuaje si se produce un Brexit duro.

IAG asegura que no tendrá problemas y una portavoz dice que tienen “la convicción de que cumpliremos con la normativa aplicable sobre propiedad y control, tanto en el Reino Unido como en la Unión Europea, después del Brexit”. Para ello, también argumenta que IAG “es una compañía española, su sede social está en Madrid, y las aerolíneas del grupo tienen certificados de operación establecidos desde el inicio de sus operaciones”.

También desde el Ministerio de Fomento aseguran estar convencidos de que “Iberia es una compañía española, y también estamos convencidos de que, en caso necesario, la compañía acometerá los ajustes necesarios para asegurar el cumplimiento de la normativa europea”.

Con todo, si Bruselas tiene dudas, la decisión sobre mantener la licencia de Iberia será competencia de quien la expide, es decir, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, dependiente de Fomento, que ya en su día, cuando se fusionó con British Airways, no expresó duda alguna sobre la españolidad de la aerolínea. En cualquiera de los casos, si se impugnará la decisión, sería un proceso largo, por lo que los riesgos a corto plazo se diluyen.