Le considera desleal a la Constitución.
A través de una nota, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, CGPJ, el máximo órgano de los jueces españoles, ha informado de que deniega el magistrado y ex senador de ERC, Santiago Vidal, su reingreso al servicio activo en la carrera judicial por sus manifestaciones e intervenciones públicas mientras estaba suspendido de sus funciones y por participar en la redacción de una Constitución en Cataluña, lo que representa “falta de lealtad a las instituciones del Estado y a la Constitución”. En el texto de la nota se deja claro que la suspensión que cumplía Vidal “no de disculpa de sus obligaciones básicas, cuáles primera de ellas duda de lealtad constitucional”.
El magistrado catalán pidió su reingreso al servicio activo el pasado 24 de enero, para lo cual debía conseguir la declaración de aptitud por parte del CGPJ. Con este fallo, el órgano de gobierno de los jueces considera que en los últimos tres años el juramento ha sido “repetidamente incumplido” por lo que se evidencia “la inexistencia de presente de su capacidad para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”, a la luz de lo manifestado y de las intervenciones públicas efectuadas por Vidal, en referencia a sus declaraciones en conferencias en Cataluña entre noviembre y diciembre de 2016, en las que indicó que el Govern consiguió ilegalmente los datos fiscales de los catalanes para crear una Hacienda propia.
Filtros para permitir que los jueces se quedaran en un hipotético Estado catalán
El ex senador también se refirió, entonces, al número de jueces que saldrían de Cataluña después de declararse la independencia. “Ya tenemos perfectamente delimitado, a través de un trabajo de campo muy exhaustivo, cuántos de esos 801 jueces se irán a su Estado”. “Lo que no podemos tener es gente que se quede aquí de quintacolumnistas”. “En el caso de que quieran quedarse, deberán pasar unos filtros”. También han sido estudiadas otras declaraciones del magistrado catalán en las que llamaba a incumplir y desobedecer las resoluciones del Tribunal Constitucional y de otros tribunales ante las suspensiones que fueron teniendo lugar de las leyes de desconexión: “¿Todo esto que haremos está de acuerdo con la legalidad española? No, y creo que no hace falta que os expliquemos porqué”.
“La actuación pública del magistrado Santiago Vidal”, continúa la nota, “durante el tiempo de cumplimiento de la suspensión, implica una evidente perturbación a la reputación e imagen con la que el Poder Judicial debe aparecer para el cumplimiento de sus altas funciones en un Estado democrático, social y de derecho, y la constatación de su falta de lealtad a las instituciones del Estado y a la Constitución, que no tan sólo decide públicamente no acatar, sino también hacer proselitismo de su desobediencia, incluso haciendo gala de su condición de juez, que por supuesto mantenía incluso en la situación administrativa de suspensión”.
Hizo las declaraciones en su condición de senador
En sus alegaciones, Vidal argumenta que esas declaraciones las hizo en su condición de senador, amparado en la inviolabilidad que le reconoce el artículo 21 del Reglamento del Senado. Renunció a su acta al no haber constatado debidamente las fuentes de información en las que basó sus manifestaciones, asumiendo su responsabilidad política, y negarle el reingreso al servicio activo constituiría un daño irreparable al estar a tan sólo dos años de la edad de jubilación. En respuesta a ello, la Comisión Permanente esgrime que el artículo que cita el magistrado reconoce la inviolabilidad “por las opiniones manifestadas en actos parlamentarios y por los votos emitidos en el ejercicio de su cargo” y que el que hiciera esas declaraciones siendo senador no impide tenerlas en consideración para determinar su idoneidad.
La Comisión también dice que lo manifestado por Vidal motivó una querella del partido político Vox y que el titular del juzgado número 13 abriera una investigación que ha llevado a otra contra él y otros ex altos cargos del Govern por los preparativos del referéndum ilegal y la deriva soberanista. “Las manifestaciones expresadas por el magistrado se desarrollaron fuera del ámbito local y temporal de la Cámara legislativa y tampoco constituyeron una reproducción de un acto parlamentario”. El ex senador ha reconocido ante el juez instructor Juan Antonio Ramírez Sunyer que sus declaraciones fueron un “error”, que la partida camuflada de 400 millones de euros para financiar el referéndum fue una cifra que vio en los medios de comunicación y que lo único que había era un debate de ideas sobre cómo construir un nuevo Estado.
Podrá solicitar de nuevo el reingreso
No obstante, la Comisión Permanente admite que Vidal puede volver a solicitar su reingreso a la carrera judicial, pero que se tendrán en cuenta comportamientos y acciones de este “claras y determinantes” que permitan deducir que en el futuro actuará conforme al juramento de lealtad a la Constitución. En cualquier caso, el magistrado podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, tanto directamente como por presentación previa de un recurso de reposición ante la propia Comisión Permanente.