Una jueza dictaminó ayer que Boris Johnson, favorito para suceder a Theresa May como primer ministro de Reino Unido, deberá comparecer ante un tribunal a causa de las denuncias presentadas contra él por, supuestamente, mentir a la población sobre el Brexit. En concreto, se enfrenta a una acusación de tres delitos de conducta indebida en un cargo público.
Las denuncias se refieren a las afirmaciones que el ex ministro de Exteriores británico hizo en la campaña antes del referéndum de 2016 y, posteriormente, cuando fue uno de los principales actores que defendían la salida de Reino Unido de la Unión Europea. “Durante ambos periodos de tiempo, el demandado mintió repetidamente y engañó a los británicos respecto al coste de pertenecer a la UE, diciendo expresamente, apoyando o infiriendo que el coste era de 350 millones de libras a la semana”, señala la denuncia.
Margot Coleman, la jueza de distrito que ha dictado esta orden contra Johnson, indica que no están demostradas las acusaciones, pero entiende que el ex ministro de Exteriores debe someterse a un juicio: “Habiendo considerado todos los factores relevantes, estoy convencida de que éste es un caso adecuado para emitir las citación requeridas por los tres delitos”, señala. “Esto significa que al acusado propuesto se le pedirá asistir a este tribunal para una vista preliminar y que el caso luego será enviado al Tribunal de la Corona para juicio”, apuntó.
Los abogados de Johnson, en sus alegaciones, argumentan que la denuncia es una estrategia con fines exclusivamente políticos. “Ninguno de los actos objeto de queja se produjo en el curso de las obligaciones directas parlamentarias o como alcalde de Johnson, sino en el curso de la campaña política”, destacan.
Además, una fuente de su entorno sostiene que “la decisión de citar a Boris Johnson es extraordinario. No es el papel de la justicia criminal regular el discurso político”. “Esto va contra siglos de tradición política británica y corre el riesgo de minar nuestra democracia”, agrega.
De acuerdo con la legislación británica, una mala conducta de un cargo público podría conllevar una pena de cadena perpetua y, si es declarado culpable, el también ex alcalde de Londres vería cómo se termina su carrera política.
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