Este miércoles, el Pleno del Parlamento Europeo aprobó el Pacto de Migración y Asilo para reformar la política migratoria común de la UE.
Así, se dará mayor control de las fronteras exteriores del bloque comunitario, ofreciendo a los Estados una suerte de “solidaridad a la carta”.
De esta forma, los gobiernos podrán rechazar la acogida de parte de los migrantes reubicados a cambio de una compensación económica por cada rechace.
Con ello, ve luz verde una decena de expedientes que integran la reforma que pactaron el Consejo y la Eurocámara en diciembre.
Han sido años de negociaciones y bloqueo por las profundas diferencias entre las posturas de los ejecutivos. Sin embargo, el Pacto de Migración supera ahora el penúltimo trámite cara a un nuevo marco común con nueva legislación.
Una norma que recibirá la aprobación de los Veintisiete antes de que finalice este mes.
Por tanto, entre las medidas más destacables, figura una mayor rapidez en la tramitación de las solicitudes de asilo. Asimismo, garantizar deportaciones más efectivas.
A su vez, se persigue mejorar la identificación a la llegada a territorio de la UE, además de la obligatoriedad de los controles sanitarios, de seguridad y de vulnerabilidad para aquellos migrantes que lleguen por rutas irregulares.
Al mismo tiempo, se acaba con importantes discrepancias. Entre ellas, las relativas al equilibrio entre la solidaridad con los países de primera línea, como España, y la responsabilidad que piden otros socios que temen los movimientos secundarios.
La solución: un mecanismo por el que los socios tendrán que responder ante otro desbordado por la llegada de migrantes. ¿Cómo? Reubicando en su territorio a parte de los migrantes o compensando económicamente por cada migrante rechazado.
ONGs y organismos de Derechos Humanos, contra el Pacto de Migración
Con ello se pretende poder trasladar a, al menos, 30.000 migrantes cada año. Sin embargo, los países podrán rechazar traslados mediante el pago de 20.000 euros por cada traslado rechazado o el equivalente en medios o fondos.
Además, este mecanismo se aplicará al de crisis o fuerza mayor, de forma que se cuente con un sistema obligatorio de cuotas de acogida. Eso sí, sólo se activará en situaciones extremas.
Así las cosas, organismos de Derechos Humanos y ONGs han criticado duramente la reforma. Advierten de que es un “paso atrás” en la protección de los derechos fundamentales de los migrantes vulnerables.
De esta forma, la Izquierda Europea y los Verdes ya han anunciado que votarán en contra del Pacto de Migración y Asilo.
A su juicio, son necesarias más garantías para los más vulnerables. Igualmente, se oponen los partidos de extrema derecha por justo lo contrario y consideran la reforma demasiado laxa.