Javier Marín Vázquez es Secretario General de AIREs.
Hemos arrancado el curso político bajo el marco de Lakoff el de “no pienses en un elefante”, versus “la amnistía cabe, o no, en la C.E.”
El previsible fracaso de Feijóo para poder cumplir en encargo del Rey de formar gobierno, nos ha arrastrado de golpe a pensar en las posibilidades de alternativa de Sánchez.
Esa alternativa no será posible sin contar con los 7 votos de la extrema derecha supremacista catalana.
Como ya hemos visto, a la presunta izquierda post comunista que proviene de los restos de UP, le ha faltado tiempo para ir a encamarse en Waterloo con los anti demócratas que dieron un golpe de estado en Cataluña el 6 y 7 de septiembre de 2017, derogando de forma ilegal las leyes democráticas votadas mayoritariamente por todos los ciudadanos –La Constitución y L’Estatut- y aprobando un régimen dictatorial que eliminaba de un plumazo la separación de poderes, dando poderes absolutistas al President de la Generalitat. Es decir, se auto constituyeron en una una república bananera, carente de toda legalidad y legitimidad democrática.
Ese intento de secesión, al margen de toda legalidad democrática, se paró con la movilización ciudadana del 8 y 28 de octubre de 2017, promovida por SCC, que se apoyó en el rechazo en el Parlament de los partidos constitucionalistas –PP+PSC+C,s y ECP- y finalmente con la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española por parte del Gobierno, con el apoyo del PSOE, que disolvió el Govern secesionista y el Parlament.
Aquellos hechos, calificados, juzgados y condenados como delitos extremadamente graves por el Tribunal Supremo, ahora pretenden ser revisados, desde retorcidos argumentos políticos de los nuevos revisionistas, algunos de ellos, los mismos que apoyaron la aplicación del 155, hace 6 años.
Las consecuencias jurídicas de aquel golpe de estado fracasado, fueron la condena a prisión de sus principales autores y la inhabilitación para ejercer cargo público durante más de una década.
Pedro Sánchez supo capitalizar políticamente aquellos sucesos y resultó elegido poco después Presidente del Gobierno de España. Sus promesas electorales y compromisos respecto a este grave asunto, se pueden encontrar en las hemerotecas. Aquí 2 muestras recientes:
“El independentismo no pide una reforma del Código Penal. El independentismo lo que pide, y lo saben ustedes y lo saben los telespectadores, es la amnistía. Algo que, desde luego, este gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución Española” Sánchez a Antonio García Ferreras en la 6ª. Noviembre 2022
Repitió el argumento, ahora ya como promesa electoral, en julio de 2023: “El independentismo lo que pide es la amnistía, algo que, desde luego, este Gobierno no va a aceptar y que, desde luego, no entra dentro de la Constitución española. No han tenido la amnistía y no van a tener un referéndum de autodeterminación”
No han pasado ni 2 meses, y ya se está desdiciendo.
Igual que hizo durante su anterior mandato -2019-2023- una vez llegó a la cúpula del poder Ejecutivo, Sánchez aplicó justo lo contrario de lo que había prometido, generando una gran estafa electoral por incumplimiento contractual.
En 2019 había prometido esto: “Nadie está por encima de la Ley. Puigdemont es un prófugo de la Justicia. Trabajaremos para que el Sistema Judicial Español pueda juzgarlo con imparcialidad. La Fiscalía cuenta con el respaldo del Gobierno en la defensa de la Ley y del interés general”.
Después, cuando le hizo falta cambiar votos por dignidad, decretó indultos excarcelatorios y modificó las leyes por las que fueron condenados los golpistas, entre ellos los de corrupción por malversación de caudales públicos.
Lejos de arrepentirse o mostrar alguna muestra de gratitud, nos chulearon y humillaron a todos los españoles, declarando que en cuanto tuviesen oportunidad lo volverían a hacer.
4 de aquellos delincuentes permanecen fugados desde entonces, y más de un centenar de altos cargos que coadyuvaron en la preparación del golpe, como colaboradores necesarios, están pendientes de juicio.
Ahora, para volver a ser elegido Presidente del Gobierno, Sánchez se está dejando chantajear por los fugados, que le exigen volver a retorcer las leyes, aprobando una amnistía-exprés que invalide todos los procesos judiciales, los sentenciados y los pendientes de juicio, a la vez que se elimina la existencia de sus antecedentes penales, lo que les permitirá volver a presentarse a las elecciones cuando lo deseen e intentar un nuevo asalto al Estado de Derecho.
El asunto ya no es entrar a discutir si la amnistía tiene cabida constitucional o no. Lo previo es declarar con rotundidad la inmoralidad, el oprobio público y el peligro que supone para España en un futuro inmediato, aceptar el chantaje de quienes representan un 5% de los votos emitidos y 14 diputados de los 350 del Congreso = 4%
Desde nuestro partido –AIREs– rechazamos frontalmente la posibilidad de un gobierno neoliberal, fruto de una coalición de gobierno de la derecha del PP con la extrema derecha de VOX, porque estamos convencidos que sería terriblemente perjudicial para la clase trabajadora, tanto por los recortes sociales y económicos, como por el retroceso de los derechos civiles y políticos, que los gobiernos conservadores siempre llevan aparejados.
Con la misma energía rechazamos también el chantaje al Estado de Derecho por parte de la extrema derecha nacional-secesionista.
En tal tesitura, sólo hay 2 alternativas posibles:
- La formación de un gobierno provisional de PP+PSOE, con el único compromiso de complementar el art. 2 de la C.E. que establece la unidad territorial de España, con un sub-apartado que impida a los partidos secesionistas participar en las elecciones generales, tal como se establece en las constituciones de países avanzados como Francia; Italia; Alemania o EEUU. Si la modificación del artículo 135 se acordó en una noche, entre Zapatero y Rajoy, esta puede resolverse en un plazo no superior a 6 meses, para inmediatamente después, volver a convocar elecciones generales a mediados de 2024.
- La renuncia de Sánchez a formar gobierno en octubre, después del probable fracaso en septiembre del PP de Feijoo, lo que nos abocaría automáticamente a nuevas elecciones para el 14 de enero de 2024.
La primera opción es algo más lenta, pero resuelve el problema de una vez por todas.
Con la segunda opción seguiremos sin tener garantías para no volver a encontrarnos en la misma situación de bloqueo que ahora.
En cualquier caso entendemos que será difícil que el aventurerismo irresponsable, el cortoplacismo y la mediocridad mostrada hasta ahora por la clase política española, sea sustituido con nuevos dirigentes con altura de miras, sentido de Estado y la responsabilidad del “patriotismo constitucional” con el que nos exhortaba Piketty, para no seguir hundiendo a España en el oprobio del ridículo internacional.
No estoy de acuerdo con el articulo leído. Vd. quiere modificar la Constitución para ilegalizar a unos partidos ahora legales.