¿A qué jugamos?

Por Manuel León.
No siempre hacer oposición al Gobierno es decirle no a sus propuestas. Hay otras fórmulas, otros métodos, otras posturas, que los ciudadanos entienden muchísimo mejor que los que a veces dedicándose a la política se encuentran involuntariamente dentro de una burbuja que los separa del mundo real.
El Consejo de Ministros de Rajoy ha presentado, en su estado de desesperación por lo que se le viene encima electoralmente, una propuesta que trata de añadir una serie de delitos muy graves que serían castigados con la condena máxima de prisión permanente revisable.
La pregunta es si esta medida elimina la reinserción y la rehabilitación que exige el 25.2 de la actual Constitución de 1978, que tantos dicen que hay que revisar después de 40 años de vigencia, y que en su espíritu, señalan denota un afán de venganza. Yo, jurista, aún no estando especializado en lo penal, no veo tales apreciaciones por lado alguno, ni por supuesto inconstitucionalidad en la misma. Probablemente un leguleyo rebuscado, con categoría de catedrático, encuentre en la misma una coma, una preposición, un adverbio que nos haga dudar.
Evidentemente todos sabemos que el Código Penal no se puede, ni se debe, reformar en caliente, ni al albur de la alarma social que provocan brutales sucesos que los jueces acaban, después de analizarlos con todo detalle, decretando como delitos. Pero también la experiencia de los últimos 40 años nos demuestra que el garantismo jurídico del que gozan los acusados de ciertos hechos en este país, es exquisito y, en ocasiones, exagerado y hasta quizás extralimitado (por ejemplo el derecho al trabajo remunerado de los presos es un derecho fundamental al quedar contemplado en el apartado de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, artículo 25.2, y sin embargo el derecho al trabajo de los ciudadanos, contemplado en el artículo 35 de la Constitución, que no están privados de libertad mediante prisión u otras medidas de seguridad, no gozan de ese derecho como fundamental y andan buscándose la vida como pueden).
En el marco de la fiscalía -que al contrario de lo que piensa la mayoría de las personas no es un acusador implacable a la americana, ni es el defensor de la Infanta juzgada en el caso Noos, defendiendo en puridad la aplicación estricta y correcta de la ley-; y en el marco de los propios jueces, conservadores o no, otro tanto de lo mismo; en ambos marcos, digo, las posibilidades de recursos y apelaciones de las que disponen los acusados y posteriormente sentenciados y condenados, es grande.
La legislación penitenciaria española es de las más escrupulosas y avanzadas del mundo. Está redactada en parte además por el eminente jurista Carlos García Valdés y en vigor desde 1979, aunque sé que él siguiendo con sus posiciones reformistas y rupturistas propias de los que pasaron de verdad por la dictadura franquista, se posiciona en contra de la prisión permanente revisable.
En fin, en mi poca experiencia penal, he podido comprobar que a pesar de la aparente dureza de nuestra legislación penal, en puro derecho comparado con países de nuestro entorno, puede ser considerada como estandarte de las regulaciones más progresistas del mundo.
También es cierto que a nadie le gusta ver a una persona privada de libertad y que como decía mi añorado y admirado Haro Tegclen, en su ensimismado, utópico y delicioso anarquismo literario, las prisiones deberían desaparecer, pero lo real, es decir, el mundo en el que vivimos, la calle que pisamos, nos ha demostrado que ciertos seres humanos llevan dentro de sí una maldad y una crueldad imposible de obviar y que siguiendo el aforismo del gran Ulpiano definiendo la justicia como “Iustitia est constans et perpetua voluntas ius sum cuique tribuendi”, es decir, en roman paladino “dar a cada uno lo que se merece” alguna determinación hay que tomar. La sociedad debe aplicar ciertas medidas dolorosas y, en principio no queridas, que mientras no se demuestre lo contrario hay que adoptar. Eso sí, sin olvidar nunca la máxima de la gallega Concepción Arenal que lució durante décadas en la entrada de todas las prisiones españolas de “odia al delito y compadece al delincuente”.
¿O es que después de 40 años de experiencia nos olvidamos de los terribles sucesos de las niñas de Alcasser, del asesino de Huelva, del padre que seccionó a sus hijas en pedacitos con una motosierra, del padre que quemó a sus hijos en Córdoba, de la aún no encontrada Marta del Castillo, del “chicle”, de la pobre Diana Quer, de los incendios provocados que ocasionan la pérdida de vidas humanas totalmente inocentes y desprevenidas, de las dos chicas de Cuenca que fueron brutalmente asesinadas por el novio de una de ellas y detenido en Rumania, de las mujeres violadas y asesinadas por auténticos monstruos humanos o de los tiros en la nuca pegados por los terroristas de ETA? ¿Es que no comprendemos que la sociedad no entiende de filigranas y exquisiteces jurídicas? ¿Acaso el Presidente Obama, al que nadie puede calificar como un retrogrado, ha tomado alguna medida o determinación para abolir la pena de muerte existente en bastantes estados de USA, sabiendo que más del 80% de los ejecutados son de su mismo color de piel?
Por favor, seamos sensibles al recuerdo de las víctimas y el dolor de sus familiares, porque da la impresión que nos aliamos con aquellos que no quieren admitir, por cercanía con ellos, que asesinos terroristas lo pasen un poquito peor. Solo un poquito, pero bastante mejor que su asesinado y familia.
Que no se preocupen por esto, como manda la vigente Constitución, asumiendo un principio fundamental del Derecho Penal: a los que están en prisión por estos hechos no se les puede aplicar esta medida propuesta, pues cometieron sus execrables delitos (también con compañeros nuestros socialistas, no los olviden nunca) antes de la entrada en vigor de la citada reforma (que, con toda seguridad, en esta legislatura no se llevará a la práctica). Y, si es cierto lo que dicen eso de que parece ETA ha renunciado a su lucha de liberación armada, a su conflicto con el Estado como dice el asesino Otegui -que se ha beneficiado de las garantías de la legislación criminal española-, no se les aplicará esta medida.
Aquellos que son tan aficionados al derecho a decidir que se anden con ojo. Y el resto de ciudadanos que sepan que no vaya a ser que un gobierno conservador, un día, nos ponga encima de la mesa un referéndum para reimplantar el garrote vil tan español, lo convoque, votemos los ciudadanos y nos llevemos una desagradable sorpresa con el resultado. Por fortuna, la redacción actual de nuestra Constitución impide la realización de ese referéndum, como impide otros referénda de otra naturaleza, tan democráticos para algunos, pero constitucionalmente imposibles de convocar por cualquier gobierno sin cometer un acto contra ley.
También que tengan cuidado los partidarios de reformar la Constitución, como si fuera el portal de un edificio, no vaya a ser que la parte contraria a cambio de aceptar nuestros avances progresistas nos pidan retrocesos conservadores de más calado que los beneficios que produzcen los anteriores.
Ya saben: las Constituciones no deben ser de derechas ni de izquierdas, sino asumibles por una elevada mayoría de los ciudadanos. Lo único bueno que tendrá reformarla, que al final se acabara haciendo, como dice Felipe González, es que algunos, si no muchos, tendrán que leérsela por primera vez en su vida política
Señores, bajemos a la tierra, seamos sensatos y conozcamos al pueblo al que nos dirigimos y le rogamos su voto, que luego nos pasamos la vida diciendo que no nos votan porque no nos comprenden. O decimos que hay que hacer más pedagogía. ¿No será que nosotros no los entendemos a ellos?
Por favor, explíquenme ¿a qué jugamos?