En el tercer trimestre de 2017 ascendió a 11.581.
Según el informe publicado ayer por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, bajo el título Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales, en el tercer trimestre de 2017 el número de desahucios total ascendió a 11.581, de los cuales, 6.969, el 60,2%, fueron por arrendamientos, 4.063, el 35,1%, por ejecuciones hipotecarias, mientras que los 549 restantes se debieron a otras razones.
Según estos datos, el total de desahucios ha descendido un 4,7% respecto al mismo periodo del año anterior, si bien, en el caso de los alquileres suben un 4,2%, a cambio del descenso de los hipotecarios de un 18,7%, que acumulan ya nueve meses de caída, en buena medida por la paralización de este tipo de desahucios a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre la cláusula de vencimiento anticipado, que permite al banco hacerse con el inmueble ante los impagos del hipotecado.
Por su parte, el Gobierno ha querido adjudicarse parte del mérito en el descenso de los desahucios hipotecarios gracias a, dice, las medidas iniciadas en 2012 para proteger a los deudores hipotecarios más vulnerables, beneficiándose ya alrededor de 88.000 familias. Así, se instó a la banca a firmar un código de buenas prácticas, lo que ha facilitado 43.600 reestructuraciones de deuda hipotecaria y 7.456 daciones en pago. Igualmente, 9.000 familias desahuciadas han podido acceder a un alquiler social del Fondo Social de Vivienda alimentado por la banca, y se han paralizado 27.800 desahucios, gracias a la moratoria hipotecaria que el Ejecutivo viene prorrogando para las familias en riesgo de exclusión social.