Ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acerca de la amnistía que negocia el PSOE, Álvaro Cuesta, vocal progresista del órgano de gobierno de los jueces, ha pedido su desconvocatoria.
Sin embargo, Vicente Guilarte, presidente interino del órgano de gobierno de los jueces, ha rechazado la petición. La sesión plenaria se celebra este lunes y en ella se tratará la amnistía a los implicados en el procès.
Así, Cuesta entiende que el Pleno con ese objetivo es “manifiestamente ilegal”, además de anunciar que no acudirá al mismo si se celebraba.
De este modo lo ha trasladado en un escrito a la Presidencia del CGPJ. En él asegura que no quiere contribuir “a la indignidad y al desprestigio de que vocales elegidos por las Cortes españolas en el año 2013 puedan ser tenidos por sublevados contra iniciativas del Parlamento legítimamente elegido el 23 de julio del año 2023”.
Asimismo, Cuesta destaca que no quiere participar de “decisiones que sin duda mancillan el nombre de este” CGPJ.
Además, recuerda que él mismo continúa en funciones, diez años después de su designación, y haber expirado su mandato en 2018. Igual que el resto del órgano de gobierno de los jueces.
Por otro lado, ha tildado como “proclama” la declaración institucional que los ocho vocales conservadores pretenden que el Pleno respalde.
Al mismo tiempo, estos miembros del sector conservador del CGPJ sostienen que la amnistía no tiene cabida en el marco constitucional. Tampoco es compatible con el Estado de Derecho.
En ese sentido, Cuesta cree que, “a modo de panfleto”, esa declaración “se deshace en descalificaciones muy graves”.
Ataca y descalifica una eventual ley de amnistía
Es el caso de que declara que “el presidente del gobierno supone una ‘degradación, cuando no abolición’ del Estado de derecho en España”.
Asimismo, la declaración ataca y descalifica una eventual proposición de ley de amnistía que ni se ha presentado ni se ha registrado en el Congreso.
También menoscaba los posibles acuerdos políticos o decisiones parlamentarias acerca de la hipotética investidura del presidente del Gobierno.
A su vez, el vocal del CGPJ hace hincapié en que la resolución que se pretende aprobar es “una muy grave irresponsabilidad”.
“Podría contribuir, fomentar, promover o incitar la crispación política, social o institucional, generando alarma social, ataques a las instituciones democráticas o desórdenes públicos”, advierte.
Al mismo tiempo, considera que usurpa atribuciones de fiscalización que no son competencia del órgano de gobierno de los jueces.
A su juicio, interfiere “de forma grosera” en el debate de investidura, además de condicionar la independencia y actividad de los jueces y tribunales.
Por último, Cuesta recuerda que al CGPJ no le corresponde emitir pronunciamientos acerca de proposiciones de ley, salvo que “se lo haya pedido el Congreso”. Para terminar, reitera que la convocatoria del Pleno es “improcedente e ilegal”.