Desde este miércoles es obligatorio el uso de mascarillas en centros de salud y hospitales, pese a que no hubo acuerdo en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).
Así lo ordenó el Ministerio de Sanidad, dejando fuera de esta obligación, en cambio, a las farmacias y los centros sociosanitarios.
Sin embargo, Mónica García, ministra de Sanidad, ha anunciado que la obligación de usar mascarillas podrá pasar a ser una “recomendación”.
Será de este modo aunque la orden tiene carácter “indefinido”. No obstante, García ha señalado que “el Ministerio se hace cargo de esta evolución desigual en las comunidades de la epidemia”.
Por tanto, permitirá que aquellas comunidades que presenten datos de descenso de la incidencia durante dos semanas consecutivas podrán pasar a sólo recomendar el uso de esta prenda.
A su vez, “sigue dando ese aval jurídico necesario a aquellas que necesitan más tiempo para descender”.
Además, matizó que “no hay un umbral cuantitativo, pero sí cualitativo, que es el descenso de la curva”. A partir de él, se ‘relajará’ la obligación.
Al mismo tiempo, anticipó que, cuando la situación epidemiológica, común y de España, decrezca, su propio departamento “invitará” a la recomendación.
De este modo, según apuntó, Sanidad ya ha emitido la orden, “estableciendo el carácter obligatorio del uso de las mascarillas en los espacios sanitarios”.
Asimismo, insistió en que el objetivo primordial es dar respaldo jurídico a las regiones que ya habían adoptado esta medida.
Con todo, admite la “singularidad” y la “capacidad” de las comunidades para “adaptarse a sus propios datos epidemiológicos”.
Dicho esto, recordó que cada región “tiene sus propias leyes de salud pública”. Pese a ello, el Ministerio “tiene la competencia”, mediante el artículo 65 de la ley de cohesión del sistema nacional de salud de “coordinar y de alguna manera unificar aquellos criterios en los que ponerse de acuerdo”.
“Estamos hablando de una medida muy básica y mínima como la mascarilla”, ha concluido.