Pese a la abstención de Alemania y la oposición de Francia, los Veintisiete han aprobado la llamada Ley Rider europea que regulará este trabajo.
Así, la luz verde ha sido posible gracias al cambio de postura de Grecia y Estonia, confirmando el acuerdo alcanzado el 8 de febrero con el Parlamento Europeo.
De este modo, la Ley Rider persigue aclarar el estatus laboral de los trabajadores de plataformas de reparto a domicilio. Por ejemplo, empresas como Uber Eats, Glovo, Just Eat y Deliveroo.
Además, persigue eliminar el falso trabajo por cuenta propia de estos trabajadores y proporcionar mejores condiciones laborales.
Antes, el camino no fue fácil y hasta en dos ocasiones las negociaciones con la Eurocámara fracasaron. Ahora, la directiva ve la luz y deberá transponerse en los marcos legislativos domésticos.
Y es que la presidencia belga del Consejo planteó una nueva propuesta, rebajando las expectativas del acuerdo.
“El texto de la última oportunidad”, describió al documento David Clarinval, ministro belga de ámbito empresarial.
En la presentación del proyecto de la Ley Rider, el propio Clarinval afirmó que hacía “concesiones importantes” para sortear los recelos de 14 Estados miembro.
Así, salvo Alemania y Francia, los demás países votaron favorablemente la directiva, con “sorpresas de última hora”, por el cambio de posición griego y estonio.
En palabras del ministro belga, estos países han hecho un “esfuerzo” por el “mejor interés de los trabajadores”.
Por su lado, Hubertus Heil, titular de Trabajo y Asuntos Sociales alemán, ha explicado su abstención. Según indicó, uno de los socios de la coalición de gobierno no aprobaba el texto. En concreto, el Partido Democrático Liberal.
Tras estos trámites, los Estados miembro dispondrán de dos años para transponer la directiva a las legislaciones propias.
De este modo, se establecerá una presunción legal de empleo. Algo que se activará si se encuentran hechos que indiquen control y dirección, según lo establecen los convenios colectivos y las legislaciones domésticas.
Precisamente, el objetivo es eliminar esos falsos autónomos y, si hay dirección o control, son trabajadores que deben contar con un contrato laboral.