Dice que el organismo regulador dictó las instrucciones y que no había otra opción que fusionarse.
Durante su comparecencia por el juicio de la salida a Bolsa de Bankia, reanudado este martes en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares, Rodrigo Rato, ex presidente de la entidad bancaria, ha señalado que la fusión de las siete cajas que originaron el grupo BFA-Bankia fue a petición del Banco de España, que dio las instrucciones, y que la fusión era la única manera de cumplir con los requisitos de capital establecidos por la Autoridad Bancaria Europea, EBA.
Según ha indicado, el organismo regulador no dejo muchas opciones y que el plan de negocio de caja Madrid en 2010 no tenía prevista la fusión con ninguna entidad sino que está se decidió en el Real Decreto Ley de mayo de 2010, por aquí se crearon los sistemas institucionales de protección, SIP, para aquellas entidades que no cumplían con los requisitos establecidos por la Autoridad Bancaria Europea. La suya, Caja Madrid, estaba cerca del límite en cuanto al capital, pero la legislación obligaba a un proceso de fusión fría con otras cajas, puesto que éstas no tenían acciones y CajaMadrid no había emitido cuotas participativas.
“Sus posibilidades de captar capital eran cero, el Consejo de Administración de Caja Madrid accedió a cumplir la ley, no era una decisión donde hubiese muchas opciones, y entramos en contacto con alguna caja que estaba en la misma situación que nosotros”, declaró, e insistió en que este fue el “único motivo” por el que la entidad aceptó entrar en el SIP.
Indicó que Miguel Ángel Fernández Ordóñez, entonces gobernador del organismo regulador, le telefoneó y le citó en su despacho junto a José Luis Olivas, que era presidente Bancaja, para iniciar una negociación para una fusión. “El Banco de España me comunicó”, dijo, “oficialmente su opinión de que Caja Madrid y las otras seis cajas eran razonablemente viables”, ante lo que Carmen Launa, fiscal, replicó que, de acuerdo con un informe interno de inspectores del Banco de España, Bancaja estaba en un procedimiento de inspección y su diagnóstico apuntaba a que contaba con una “escasa generación de recursos para cubrir necesidades de saneamiento e insolvencia”.
Rato negó que accediera ha dicho informe y que éste contradecía literalmente “lo que dijo en el momento de la creación del SIP”. Así, sostuvo que la opinión oficial y vinculante del organismo regulador era la de su comisión ejecutiva, que aseguraba que estas cajas eran “perfectamente viables”, así como que, si las entidades querían acceder al capital necesario para cumplir con las obligaciones de la EBA, deberían llevar a cabo los procesos de reestructuración.
“El Banco de España nos indicó claramente los pasos que teníamos que dar. No nos dio muchas opciones”, aseguró. “El Banco de España y el FROB decidieron que era bueno que hiciésemos una operación más grande y nosotros lo ejecutamos profesionalmente”, indicó, apuntando a que Caja Madrid se mantenía en contacto con otras cinco cajas y que fueron el gobernador y el subgobernador del organismo regulador quienes incluyeron a Bancaja.
La Fiscalía cuestionó la independencia de Deloitte, que era la auditora de Caja Madrid y Bancaja, y que intervino como consultora y elaborando, junto a AFI, un plan de viabilidad para la fusión de las cajas. El expresidente de Bankia, en cambio, entendió que era una ventaja profesional que Deloitte fuera la auditora de todo el sistema bancario y que AFI fuera la consultora de todas las cajas porque, así, conocían perfectamente el sector.
“Nos pareció que eran dos firmas con experiencia en el sector y que daban suficiente seriedad a nuestro proceso, aparte de nuestros propios equipos internos”. Así, para Rato, no había falta de independencia. “No opinó así ni el Banco de España, ni la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ni el FROB, ni el ICAC, ni Deloitte”.
Según ha reiterado el ex presidente de Bankia, en una de las cartas recibidas del Banco de España se aseguraba que los 4.600 millones de euros que recibieron las cajas del FROB suponían provisiones suficientes para cubrir deterioros durante los dos años siguientes.
Admitió que en una ocasión, la única, en la que los consejos de las entidades no cumplieron con las instrucciones del FROB fue, porque “se estaba deteriorando” el entorno económico, cuando decidieron hacer provisiones contra el capital en vez de contra los resultados. De ese modo, intentando ser lo más conservadores posibles, BFA provisionó 13.000 millones de euros, en vez de los 6.372 millones recomendados por el FROB para la fusión de las cajas y los 7.146 millones del plan de integración, lo que PwC elevó hasta 11.500 millones en la revisión de 2011.