Aprovechando su holgada mayoría absoluta en el Senado, el PP se propone bloquear la futura ley de amnistía modificando el Reglamento. Eso, sin conocer ni siquiera su contenido y redacción final. ¡Si ni siquiera está registrada!
Al tratarse de una proposición de los grupos parlamentarios, la Cámara Alta deberá devolver la ley al Congreso en un plazo máximo de veinte días. Con o sin enmiendas o modificaciones, al tramitarse por la vía de urgencia.
Cabe recordar que Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG, con el respaldo del PSOE, registrarán la iniciativa en la Cámara Baja .
Por eso, los populares pretenden reformar el Reglamento del Senado para eliminar la tramitación de urgencia.
Dicho esto, la Constitución establece en su artículo 90 un plazo máximo de dos meses para que la Cámara Alta tramite los proyectos de ley que vienen del Congreso.
Máximo, dos meses
Por tanto, sea como sea, el PP no podrá dilatar ese plazo más allá de los mencionados 60 días, con reforma o sin reforma del Reglamento.
Así, los populares buscan dar potestad a la Mesa del Senado para decidir si se aplica el procedimiento de urgencia.
Según destaca el PP en su iniciativa de Reforma, el artículo de la Carta Magna se refiere a los proyectos de ley.
Y lo aplican literalmente. La iniciativa de la ley de amnistía no es un proyecto, sino una proposición de ley. A su juicio, esa distinción entre proyecto y proposición de ley “no es casual sino fruto de la voluntad de los constituyentes”.
Sea como sea, la Constitución deja claro que el plazo máximo es de dos meses. También los establece el artículo 106 del Reglamento. Dos meses a partir de la recepción del texto que remite el Congreso.
Pleno del CGPJ sobre la ley de amnistía
Además, el Tribunal Constitucional sentenció en el año 2000 que el contenido y alcance de la autonomía reglamentaria de las Cámaras deben determinarse a partir del texto constitucional, nunca al margen de él. Lo hizo en una sentencia sobre la ley del aborto.
Por otro lado, Vicente Guilarte, presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha convocado un Pleno extraordinario para debatir la propuesta de ocho vocales del sector conservador.
Los magistrados proponentes pretenden que el órgano de gobierno de los jueces se pronuncie institucionalmente en contra de la ley de amnistía.
Y eso que tampoco conocen el texto de la norma. No obstante, es probable que para el lunes a las 19:00, fecha de celebración del Pleno, se sepa algo sobre la ley de amnistía.
Finalmente, ha accedido a convocar la sesión plenaria ya que, como establece el artículo 600.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), lo han solicitado al menos cinco vocales.
Además, para que esa declaración institucional salga adelante debe contar con el apoyo de nueve vocales. Se da por descontado que, de los 16, los ocho proponentes votarán afirmativamente.
Pronunciamiento político
También se da por hecho que los seis del sector progresista lo harán en contra. Por tanto, todo quedaría en manos de los dos restantes: el propio Guilarte, considerado conservador, y Wenceslao Olea. Según algunas fuentes, podrían abstenerse.
Dicho esto, la negativa de los progresistas vendría dada por considerar esa declaración un pronunciamiento político. Al mismo tiempo, creen que no es el momento adecuado ya que ni siquiera hay ley.
Asimismo, desde el sector progresista del CGPJ entienden que esos seis vocales no tendrían que acudir al Pleno extraordinario.
Consideran que el órgano de gobierno de los jueces no es competente para tratar una declaración institucional sin un texto sobre el que pronunciarse. Si no acuden, tampoco habría quórum para celebrar la sesión plenaria.