Con la nueva tarifa regulada de la luz que ha aprobado el Gobierno este martes, se pretende proteger a los consumidores eléctricos de futuras volatilidades en los precios.
De este modo, se cambia el método para el cálculo del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC). Se busca dar una mayor estabilidad a las facturas finales al dar un mayor protagonismo progresivo a los mercados a futuros.
Así, la nueva tarifa regulada de la luz incorporará a partir del 1 de enero de 2024 ciertas señales de precio a largo plazo. A su vez, se desindexa parcialmente de los mercados al contado, incluyendo referencias de los mercados de futuro, haciendo más estables las facturas finales.
Con todo, este nuevo método entrará en vigor para las comercializadoras de referencia, las designadas por el Ejecutivo y obligadas a suministrar PVPC, el próximo 1 de julio. De esta forma, se abordan las cotizaciones de la cesta de futuros.
Se pone fin, por tanto, al PVPC como se concebía desde su creación en 2014. Indexado a los precios diarios del Mercado Ibérico de la Electricidad (Mibel), ha sido la opción más barata para el pequeño consumidor.
Para el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, lo que ha sucedido con la crisis energética por la guerra en Ucrania podría repetirse en el futuro.
Por tanto, cobra todo el sentido la reforma que, además, es uno de los compromisos relacionados con la aprobación de la ‘excepción ibérica’.
Dicho esto, desde el Departamento que dirige Teresa Ribera no detallan los cálculos del posible impacto de la nueva metodología sobre la factura eléctrica.
Destacan, no obstante, que el objetivo es actuar sobre la volatilidad, pero no queda claro que vaya a afectar a todos los niveles de precios.
Así, el peso de los mercados de futuros irá incrementándose gradualmente. Comenzará con el 25% en 2024, pasando al 40% al año siguiente y llegando al 55% a partir de 2026.
Al mismo tiempo, el peso del mercado al contado se irá reduciendo desde el 75% en 2024 al 45% al final del año.