Ayer fue designada ministra de Trabajo.
Nacida en Cáceres hace 58 años, Magdalena Valerio ha sido la elegida para ocupar la cartera de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Hasta ahora ha sido secretaria ejecutiva de Seguridad Social y Pacto de Toledo del PSOE. Es licenciada en Derecho y funcionaria del Cuerpo de Gestión de la Seguridad Social y de la Escala de Gestión de Empleo del INEM. También ejercía como Secretaría General de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla-La Mancha. Su carrera política es dilatada, fue concejal y portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Guadalajara, fue consejera de Trabajo y Empleo en la comunidad de Castilla-La mancha, así como consejera de Turismo y Artesanía y consejera de Justicia y Administraciones Públicas. Fue diputada de las Cortes castellanomanchegas y diputada nacional en la X Legislatura.
Entre los desafíos más importantes de la nueva ministra, destacan el paro y la reforma de las pensiones. En cuanto al primero, la cifra de desempleados ha bajado en los últimos años, situándose en 3.250.000 personas sin trabajo. Ahora se trata de seguir reduciendo esa cifra ya que, en términos de Encuesta de Población Activa, EPA, los desempleados alcanzan la cifra de 3.796.000, un 16,74%. Quedan también por terminar los distintos programas de ayudas a parados de larga duración. El otro día de Valerio seguir trabajando con los agentes sociales y las comunidades autónomas para la puesta en marcha de esta renta ya que el plan de activación para el empleo, PAE, y el prepara expiraron el 30 de abril. Igualmente, deberá considerar si deroga o no la reforma laboral de 2012, algo que demandan los sindicatos, en contra de la opinión de la patronal CEOE y CEPYME. Fátima Báñez, la ministra saliente, ha advertido de que podría “truncarse” la senda de creación de empleo si se deroga la reforma laboral y que, más aún cuando otros países de izquierdas “han copiado” la española, lo “inteligente” sería mantenerla.
Pensiones
La reforma de las pensiones es el otro gran desafío al que se enfrenta la flamante ministra, con un Pacto de Toledo negociando desde hace meses sin alcanzar un acuerdo y con protestas diarias de los pensionistas, que exigen cambios en la formula de revalorización para vincularla al IPC y la eliminación del factor de sostenibilidad cuya entrada en vigor fue retrasada hasta 2023 por los Presupuestos aprobados antes de la moción de censura.