La primera huelga general convocada en la España democrática por las dos centrales sindicales mayoritarias, Comisiones Obreras y UGT, el miércoles 14 de diciembre de 1988, supuso la movilización de la totalidad del país y la práctica paralización del mismo: ocho millones de españoles, el 90% de la población activa del momento, secundó el paro durante 24 horas. España quedó inmovilizada por vez primera desde 1934, pues la convocatoria sindical no fue sólo seguida por los trabajadores, sino también apoyada por la derecha y la patronal, convirtiéndola en huelga general política.
El motivo fundamental de tal convocatoria fue la petición de retirada del Plan de Empleo Juvenil, importante reforma laboral aprobada por el Consejo de Ministros presidido por Felipe González, el 28 de octubre, que abarataba el despido e introducía los contratos temporales para los jóvenes trabajadores, al que se vinieron a añadir los de la falta de incremento de las pensiones y actualización de los salarios de los funcionarios. Pero también concurrieron motivos que iban más allá de lo estrictamente económico. Ya en los momentos inmediatamente posteriores a la huelga se tuvieron como tales, desde la decisión tomada por UGT en 1987 de hacer una fuerte oposición al Gobierno, por pensar que se les quería relegar en su papel de defensa de los trabajadores (evidentemente, con el Plan de Empleo Juvenil se apuntaba directamente a los jóvenes sin trabajo, y con las pensiones, a los ancianos), hasta una serie de tensiones acumuladas desde la reconversión industrial, así como el ambiente caldeado que se había venido creando desde hacía meses, a causa del descontento popular con la política económica del gobierno por las continuas reformas denunciadas por los sindicatos como beneficiosas para la patronal.
Además, en el origen de la confrontación había también una cuestión personal entre Felipe González y Nicolás Redondo – éste había renunciado ya a su escaño junto al también líder ugetista Antón Saracíbar, en octubre de 1987 –, que venía de lejos y estaba justificada por entender que existían dos concepciones distintas de lo que debía ser el socialismo. Era notorio que últimamente se venía observando un grave problema de sintonía entre ambos, a pesar de los buenos oficios y escasos resultados empleados por algunos compañeros que les pudieron servir de puente como José Luis Corcuera. La coincidencia de toda esa serie de motivos supuso que la convocatoria tuviese una masiva y contundente respuesta popular, pues para los sindicatos y la oposición a la izquierda del PSOE, la política gubernamental era cada vez más proclive a los empresarios, lo que dificultaba sobremanera sus propuestas de concertación social. En cualquier caso, como ya ha quedado indicado, ello no fue óbice para que la patronal secundase aquella huelga contra el Gobierno de Felipe González.
La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, reunida los días 14 y 22 de noviembre, comenzó una campaña de movilizaciones de todos sus cargos electos así como de información a los militantes de las razones para oponerse a la huelga. En un comunicado de 10 puntos publicado en “El Socialista” del 30 de noviembre, los órganos de gobierno del PSOE quisieron mostrar su clara oposición tanto a la convocatoria de huelga como a la actitud de UGT. No consideraban que la situación de España fuese tan precaria como para adoptar medidas de protesta tan graves como la huelga general, siendo ésta “un arma de emergencia para situaciones límite”, apelando a la responsabilidad de los convocantes. Aun reconociendo las desigualdades sociales persistentes, “la medida adoptada por las centrales sindicales es absolutamente desproporcionada en relación con la situación real del país, con el ambiente de nuestra sociedad y con la importancia o gravedad de las propias reivindicaciones que se plantean.” Se hacía referencia a las políticas sociales y económicas del gobierno socialista, especialmente al punto clave de las protestas como era el Plan de Empleo Juvenil, “una iniciativa que pretende abordar el dramático problema de cientos de miles de jóvenes que nunca han trabajado, ofreciéndoles la oportunidad de adquirir una primera experiencia laboral y cobrar un salario”. Se plasmaban datos económicos que dejaban patente el desarrollo social de España durante los últimos años, como la creación de empleo, la subida de salarios y pensiones o el dinero destinado a gastos sociales. Se apelaba igualmente a la falta de voluntad de diálogo por parte de los sindicatos, dejando aparecer la sospecha de que existían motivos ocultos para la convocatoria de la huelga. Finalmente, se lanzaba un duro reproche a la UGT al calificar la convocatoria de una maniobra dentro de una estrategia de confrontación propia del Partido Comunista de España y de Comisiones Obreras. Se supeditaba la voluntad del sindicato socialista a las políticas de “un grupo político y socialmente minoritario”. “El abandono de la estrategia sindical socialista es un hecho grave y es nuestra obligación intentar que no se consuma”.
A pesar de todos estos intentos del Gobierno, la huelga tuvo un seguimiento masivo por parte de toda la población, quedando el país totalmente paralizado durante 24 horas, y obligando al Gobierno a negociar con los sindicatos, retirar la reforma prevista e incrementar el gasto social. Un papel muy importante en aquel éxito sin precedentes en el movimiento sindical español de la transición, lo tuvo el impacto inicial ocasionado por el corte de la emisión de TVE a las 0:00 horas del día de la convocatoria, que llevaron a cabo sus trabajadores.
Las importantes consecuencias de aquel primer gran golpe político que recibiera un ejecutivo socialista no se hicieron esperar. Desde un punto de vista práctico, el Gobierno reconoció inmediatamente el triunfo de la huelga, viéndose obligado a negociar con las centrales sindicales convocantes, que consiguieron así la retirada de la reforma, al tiempo que la aceptación de un incremento de las partidas presupuestarias dedicadas al gasto social. Los sindicatos podían sentirse victoriosos. Acentuaban así su lejanía de un partido, que para el sindicato “hermano” se encontraba cada vez más escorado a su derecha y proclive a dar respuesta a las peticiones de la patronal, y un sindicato más defensor de las políticas sociales en favor de los derechos de los trabajadores, pero desinteresado de las responsabilidades de gobierno que debía mantener el partido.
Los sindicatos, sintiéndose fuertes tras el triunfo de la huelga, respondieron a la convocatoria del Gobierno con su aceptación al diálogo, pero con la exigencia de hacerlo sin la patronal, pues reclamaban una rendición sin contrapartidas. El Gobierno admitió las condiciones y escuchó de nuevo las reivindicaciones “irrenunciables” de las centrales: puesta en marcha de un nuevo plan de empleo juvenil, que eliminase el contrato de inserción; el incremento del 2% en las pensiones y los salarios de funcionarios para compensar los efectos de la inflación; el incremento de la cobertura por desempleo hasta el 48%; la equiparación de las pensiones mínimas con el salario mínimo interprofesional; y el pleno derecho de los funcionarios a la negociación colectiva.
Tras un primer intento de acercamiento el día 22 de diciembre entre el gobierno y las organizaciones sindicales, encuentro al que se negaron a acudir éstos por estar presente José María Cuevas, presidente de la CEOE, la primera reunión se celebró en La Moncloa el 26 de diciembre entre el presidente del gobierno y los secretarios generales de los dos sindicatos, el de UGT, Nicolás Redondo, y el de CCOO, Antonio Gutiérrez. Durante cuatro horas analizaron la viabilidad de las reivindicaciones sindicales, emplazándose para una nueva reunión tras las vacaciones navideñas. Hasta cuatro reuniones más se celebraron durante el mes de enero, participando en ellas no solamente los secretarios generales de las organizaciones sindicales y el presidente del gobierno, sino que se incorporaron también los respectivos ministros responsables de Economía, Carlos Solchaga -quien fue mucho más flexible de lo que se había mostrado durante las negociaciones previas a la huelga y pronto se erigió en líder del grupo –, de Trabajo, Manuel Chaves, y de Administraciones Públicas, Joaquín Almunia. Pero, a pesar de la buena voluntad de la numerosa representación gubernamental, las primeras reuniones supusieron unos verdaderos fracasos negociadores por la inamovible y férrea actitud de los sindicatos, cuyas bases reprochaban a sus dirigentes que las negociaciones no terminasen en acuerdos que les permitiesen rentabilizar el triunfo de la convocatoria. El 7 de febrero, en una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo, las negociaciones se rompieron definitivamente ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo. Es más, las malas relaciones personales entre Felipe González, Nicolás Redondo y Antonio Gutiérrez quedaron plasmadas al publicarse en la prensa las transcripciones de las grabaciones de las reuniones, hechas tanto por Moncloa como por los propios sindicatos, en las mismas se llegaba incluso a la falta de respeto personal.
Ante tan masivo seguimiento de la convocatoria de huelga, algunos de los ministros más próximos al Presidente – como, por ejemplo, Carlos Solchaga – creían que había que anticipar las elecciones generales. Felipe González se negó en redondo a aquella posibilidad, aduciendo la mala imagen que se daría en Europa y en el mundo en general, al coincidir con la inminente primera presidencia semestral española de la Comunidad Europea. Tras cumplir esa primera presidencia fue cuando Felipe González se decidió a convocarlas.
En los días 13 y 14 de enero de 1989 tuvo lugar una importante reunión del Comité Federal del PSOE en la sede de Ferraz. El amplio debate suscitado se dedicó a analizar el futuro del proyecto socialista y su vinculación con el sindicalismo, pero, sobre todo, el modelo de las relaciones con la Unión General de Trabajadores, un modelo que claramente se encontraba en crisis. Hacía ya tiempo que ambas organizaciones habían ido tomando caminos divergentes y desapareciendo sus tradicionales lugares de encuentro. Ni el secretario general de la UGT acudía a las reuniones de la Comisión Ejecutiva del partido, ni destacados sindicalistas lo hacían a las sesiones del Comité Federal. Incluso alguna intervención hizo alusión al abandono que UGT venía llevando a cabo de su tradicional estilo negociador, de pacto, concertación y acuerdo, para inclinarse por el de confrontación directa, “en clara sintonía con el sindicato comunista CCOO”.
No obstante, la mayoría de los miembros del Comité expusieron sus deseos de recomponer las relaciones con el sindicato hermano, así como la necesidad de perseverar en la negociación abierta para intentar llegar a un acuerdo. Sin que nadie pusiese en cuestión la política económica del gobierno, sí se discutió sobre los márgenes de la misma en cuestiones sociales, mandatando a la Comisión Ejecutiva para elaborar urgentes propuestas de lucha contra las desigualdades sociales. Asimismo, aquel Comité Federal propuso la convocatoria de una conferencia sindical, y la necesidad de la definitiva creación del Consejo Económico y Social, previsto en la propia Constitución y aún no establecido, fundamentalmente por falta de acuerdo con las centrales sindicales. El secretario general, Felipe González, mostró también su voluntad negociadora, aunque salvaguardando los logros conseguidos en relación a los intereses generales del país. Y, por supuesto, anunció su propósito de no adelantar las elecciones generales.
Se aprobó por una amplia mayoría una resolución de ocho puntos en la que se fijaron las prioridades políticas para el resto de legislatura – mantener el ritmo de crecimiento económico; impulsar medidas favorecedoras de creación de empleo, sobre todo para jóvenes; mejorar las infraestructuras y servicios básicos; mejorar las prestaciones sociales; y contribuir activamente a la construcción de la unidad europea –, así como la superación de las actuales circunstancias para realizar un nuevo esfuerzo negociador con los interlocutores sociales. Por último, se pidió formalmente a la UGT el levantamiento de las sanciones impuestas a ciertos compañeros socialistas que mantenían la doble militancia, y las están sufriendo por defender las posiciones del partido dentro del sindicato. El secretario de Organización presentó el informe político y de gestión del último semestre de 1988 en el que se analizaba la situación política económica del país, la política de paz y seguridad y los objetivos de la presidencia española de la CEE.
Pero el creciente distanciamiento entre Partido y Sindicato había que frenarlo de alguna manera, recuperando el trabajo político que UGT había venido desarrollando tiempo atrás en los centros de trabajo. El día 6 de febrero se celebró en la sede de Ferraz una importante reunión de los secretarios regionales y provinciales del PSOE con algunos miembros de la Ejecutiva Federal, con objeto de analizar la situación política y debatir distintos aspectos relacionados con la estructura organizativa del Partido. Asistieron José María Benegas, secretario de Organización; José Félix Tezanos, secretario de formación; Alejandro Cercas, secretario de Movimientos Sociales y participación Ciudadana, Dolors Renau, secretaria de Participación de la Mujer y los secretarios ejecutivos Carmen Hermosín, José María Sala y José Acosta. La intención era conseguir la implantación del Partido en los centros de trabajo, siguiendo el modelo de algunos partidos socialistas europeos, con la consiguiente creación además de la figura del responsable político dentro de las empresas de más de mil trabajadores, para organizar la militancia socialista existente e informar de las políticas económicas y sociales del Gobierno, así como de los proyectos del Partido. La idea no era nueva, pues ya la había planteado en 1980 la entonces secretaria de Organización, Carmen García Bloise, en los primeros desencuentros entre Partido y Sindicato. Para aclarar la polémica interna suscitada por esta iniciativa en el seno del Sindicato, el secretario de organización, José María Benegas, aseguró no pretender con esta medida realizar ningún tipo de actividad sindical que viniese a suplantar la de éstos, pues los responsables políticos del PSOE no intervendrían en la negociación colectiva ni harían uso de las facilidades concedidas a las centrales sindicales. De hecho, no serían elegidos por los trabajadores, sino que se escogerían por las direcciones provinciales del Partido, de acuerdo con los militantes de cada empresa, y en las elecciones sindicales apoyarían las candidaturas ugetistas. Deberían recibir y recabar informaciones sobre las decisiones del Partido y del Gobierno; explicar la política del Gobierno ante el resto de trabajadores de la empresa; mantener reuniones periódicas con estructuras provinciales y regionales; tomar una posición pública en calidad de representantes del Partido ante los problemas que se planteen en la empresa e intentar incrementar la afiliación al PSOE en la empresa.
Al mismo tiempo, y con el objetivo de dinamizar las agrupaciones locales, en dicha reunión se debatió también el desarrollo del programa de cuadros responsables de fomentar la participación de los militantes en las diversas actividades del Partido, en línea con las resoluciones del XXXI Congreso. Se trataba así de incentivar la participación de los afiliados en los movimientos sociales y en las campañas electorales, estimular los grupos internos de trabajo, trasmitir información política y orgánica; en definitiva, mantener mucho más activo el contacto directo con la militancia. A pesar de que Felipe González, desde un punto de vista personal, aceptó mal la huelga por creer especialmente injusto hacérsela al Gobierno que mayores mejoras y transformaciones positivas había conseguido en favor de los trabajadores, supo superar su desilusión, tratando de que el Partido recuperase su protagonismo y contase con una comisión ejecutiva más fuerte.