Por el pago a observadores del referéndum ilegal.
Fuentes cercanas a la operación han informado que la Guardia Civil registró ayer la sede del Consejo de Diplomacia Pública de Catalunya, Diplocat, siguiendo el auto dictado por el magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer, titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, para investigar a este organismo por el pago realizado a los observadores del referéndum del 1 de octubre. Diplocat fue disuelto por el Gobierno central cuando se activó el artículo 155 de la Constitución. El registro duró casi 5 horas Y los agentes salieron en tres vehículos en logotipos y cargados con bolsas.
Martí Estruch, antiguo jefe de Comunicación de este organismo ha criticado el registro, tildándolo de “acto de propaganda pura y dura”. Explicó que llegaron ocho agentes de la Guardia Civil con una orden de registro y que miraron, sobre todo, ordenadores y teléfonos móviles, buscando “pagos y temas relacionados con la visita de observadores internacionales por el referéndum del 1 de octubre”, según le informó uno de los agentes. El ex jefe de comunicación también aseguró que “cualquier información que pudiesen buscar o encontrar hoy ya la habían encontrado hace días”, porque tanto Guardia Civil como la Sindicatura de Cuentas ya estuvieron en Diplocat anteriormente. “En estas oficinas quedan trabajadores que mañana”, por hoy, “se van al paro, y lo que hay en una oficina: ordenadores, archivadores…”
Se buscan pruebas que demuestren que hubo malversación
La Guardia Civil había requerido al juez Ramírez Sunyer, cara a aclarar si hubo delito de malversación de fondos públicos para emplearlos en el referéndum, que dictara una providencia para investigar las cuentas de la empresa público-privada Diplocat y, así, averiguar si figuraban pagos a los observadores internacionales que vinieron a Catalunya para el referéndum ilegal del 1 de octubre. Para ello, la Policía Judicial pedía que se rastrearan las cuentas de este organismo por si desde ellas se abonaron gastos de viaje y alojamiento derivados de la presencia de observadores internacionales. En el auto, el magistrado recuerda que ya se solicitó a la Asesoría Jurídica de la Generalitat cuánta información fuera pertinente sobre los costes económicos de la consulta, y en concreto sobre el traslado, la estancia y dietas de observadores. A ello, la institución pública-privada, respondió que el referéndum no conllevó desembolso alguno por parte de ningún departamento del Govern de Puigdemont. No obstante, la Benemérita entiende que, “dada la opacidad para esclarecer la posible malversación y, concretamente, el papel diseñado por Diplocat”, hay que llegar al llamado Punto Neutro.
Para ello, se pidió recabar información sobre el listado de trabajadores de Diplocat de alta en la Seguridad Social, las cuentas depositadas en la Agencia Tributaria y aquellas en las que Albert Royo, ex secretario general del organismo constara como titular o autorizado. El magistrado del juzgado número 13 de Barcelona investiga, entre otros, al ex juez Santiago Vidal, Lluis Salvado, ex secretario de Hacienda catalán, y Josep María Jové, ex secretario general de Vicepresidencia.