Finalmente, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha consumado su pretensión de asaltar el Poder Legislativo y ha aprobado una declaración institucional contra la amnistía.
Una medida sobre la que apenas se sabe nada, salvo los negociadores y que se lleva con total discreción.
Sin embargo, la derecha extrema y la extrema derecha han sacado a sus huestes mediáticos y agitadores para lanzarse contra la amnistía.
Se ve que entre los serviles podrían estar los ocho magistrados que pidieron convocar un Pleno del CGPJ para, precisamente, protestar institucionalmente.
Todo ello pese a las advertencias de ilegalidad que lanzó este domingo Álvaro Cuesta, vocal del sector progresista, pidiendo la desconvocatoria de la sesión plenaria.
Así, Vicente Guilarte, presidente interino del órgano de gobierno de los jueces, descartó la desconvocatoria y este lunes se celebró el Pleno.
El resultado ha sido de nueves votos a favor, los de los ocho vocales conservadores proponentes más el de Wenceslao Olea, también conservador.
En contra, los cinco miembros del sector progresistas que han asistido. Cuesta decidió no acudir al considerar que era “manifiestamente ilegal” una declaración institucional en ese sentido.
Además, cree que su finalidad es contraria “al ordenamiento jurídico y a las funciones constitucionales” del CGPJ.
Por su lado, Guilarte, también conservador, ha emitido un voto en blanco. Explicó que no está de acuerdo con la amnistía, pero considera que hay que esperar a una proposición de ley para un pronunciamiento oficial.
Dicen que la amnistía es abolir el Estado de Derecho
Según el texto aprobado, “el Consejo General del Poder Judicial expresa con esta declaración su intensa preocupación y desolación por lo que la proyectada ley de amnistía supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de Derecho en España, que a partir del momento en el que se adopte pasará a ser una mera proclama formal que inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés real de España”.
Así, por primera vez el CGPJ –el mandato de sus miembros expiró hace casi cinco años– muestra abiertamente una posición sobre la amnistía.
Y eso que, insistimos, todavía no se conoce el texto, ni en su acepción más amplia ni en la más detallada.
Precisamente, el ala progresista critica que el CGPJ se pronuncie sobre algo que ni tan siquiera se ha registrado en el Congreso.
Además, el órgano de gobierno de los jueces no tiene control alguno sobre las iniciativas y acuerdos de los grupos parlamentarios.
Asimismo, sólo es competencia del CGPJ elevar informes sobre anteproyectos de ley y ahí acaban sus funciones.
Cabe recordar que utilizar organismos públicos, más aún constitucionales, para emitir juicios de valor sin haber sido requeridos también es prevaricación. ¿Dónde está la separación de Poderes que tanto defienden los jueces en esta ocasión?
Fachas con toga ¡A la calle!