Al FC Barcelona el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, que investiga el ‘caso Negreira’, le atribuye un presunto delito de cohecho.
En realidad, se lo atribuye a todos los investigados en la causa, pero ha incluido al Barça como persona jurídica.
Un caso por el que se investigan los pagos del club culé a José María Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico Arbitral (CTA).
El juez investiga al propio dirigente del organismo arbitral, a su hijo Javier y a los expresidentes blaugranas Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu.
Además, al propio club como persona jurídica, a los exdirectivos culés Óscar Grau y Albert Soler y a la empresa DASNIL 95 SL, de Negreira.
Concretamente, el instructor atribuye al exárbitro un supuesto delito continuado de cohecho pasivo como autor.
Asimismo, a su hijo lo considera cooperador necesario, mientras que al Barça y a los exdirectivos les atribuye un presunto delito de cohecho activo.
Al mismo tiempo, el juez sostiene, como calificación alternativa al delito de cohecho, que los pagos que ascienden a 7,5 millones desde 2001 hasta 2018 supusieron un presunto delito de corrupción deportiva.
Precisamente, es el delito por el que presentaron las querellas que dieron lugar a la causa la Fiscalía y el exárbitro Xavier Estrada Fernández.
Por otro lado, la Guardia Civil registró este jueves la sede del CTA en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), siguiendo órdenes del instructor.
Así, según las pesquisas, el juez conoce que los pagos se mantuvieron en el tiempo alrededor de 18 años. De hecho, se multiplicaron desde los 70.000 euros al año a los 700.000.
“Por deducción lógica los pagos realizados por el FC Barcelona satisfacían los intereses del club en atención a su duración y al incremento anual”, sostiene.
El ‘caso Negreira’ habría perjudicado a otros clubes
Además, considera que “los pagos produjeron los efectos arbitrales deseados por el FC Barcelona”. De ese modo, “debió existir una desigualdad en el trato con otros equipos y la consiguiente corrupción sistémica en el conjunto del arbitraje español”.
Asimismo, para el juez Joaquín Aguirre, de la carta que Negreira envió al club cuando cesaron los pagos “se desprende que Enríquez Negreira tenía conciencia de que se habían producido actos ilícitos en favor del FC Barcelona de bastante gravedad”.
Por último, señala que la RFEF “tiene a efectos penales la condición de entidad jurídico-pública” porque el CTA es parte de ella.
De hecho, considera a sus directivos como funcionarios a efectos penales.
Al mismo tiempo, explica que, en este caso, el cohecho es un soborno. Un delito que “se ha consumado al haberse realizado el pago, se demuestre o no la corrupción sistémica del arbitraje español a causa de tales pagos”.