Una ocasional reforma del delito de terrorismo en el Código Penal podría tener un efecto similar al que tuvo la conocida como ley del ‘solo sí es sí’. Es decir, rebajas de penas e, incluso, excarcelaciones.
Después del fiasco de la votación de la Ley de Amnistía por los votos en contra de Junts, Jaume Asens, negociador de Sumar, planteó un eventual cambio.
Los neoconvergentes consideraron que la norma, tal y como está redactada, no blindaba los casos de terrorismo por los que se investiga a miembros de Tsunami Democrátic, de los CDR e, incluso, a Carles Puigdemont, líder de Junts.
Vamos, que no decía lo que ellos querían ni se adaptaba a la amnistía a la carta que reclaman.
Esto es porque deja fuera de la medida de gracia a aquellos delitos de terrorismo que se hubieran cometido de forma manifiesta y con intención directa, suponiendo graves violaciones de los Derechos Humanos.
A ello se añade ahora la posibilidad de que a Puigdemont se le atribuya un delito de traición por el caso ‘Volhov’.
Si esa reforma del Código Penal se llevara a cabo para cambiar el delito de terrorismo y que abarcara a los hechos del procès, debería tener carácter retroactivo.
Por tanto, según juristas, podría llegar a suceder lo mismo que cuando se aplicó la llamada ley del ‘sólo sí es sí’.
Revisión de las condenas por terrorismo
Es decir, revisión de las sentencias y de las penas para aplicar la nueva lectura más favorable a todos los condenados por terrorismo.
Al menos, a aquellos que se encontraran dentro de la horquilla temporal que se marcara. En consecuencia, podrían llegar a producirse excarcelaciones.
Además, afectaría también a quienes todavía no han resultado condenados o estén en fase de investigación, pudiendo llegar a archivarse sus causas.
Al mismo tiempo, las consecuencias alcanzarían más allá porque el terrorismo en la actualidad no es solo ETA. Tampoco sólo los CDR que se encuentran a la espera de juicio en la Audiencia Nacional.
También lo son los ataques y atentados yihadistas o aquellos que pudieran tener vinculaciones con conflictos en Oriente Medio, Rusia o el Mar Rojo.
Es más, otro efecto colateral es que España pasaría a convertirse en un socio no fiable en la lucha contra el terrorismo.
Tal es así que el marco legal español no es propio en materia terrorista, sino que se sintoniza con el de la Unión Europea y fruto de un consenso.
Si el delito de terrorismo se modifica, provocaría una desintonía de España respecto a la legislación europea.
Por tanto, terroristas perseguidos en cualquier otro país de la UE, podrían encontrar una suerte de santuario en España. En consecuencia, un problema de cooperación internacional.