La adjudicación de 53 millones de euros a la compañía aérea Plus Ultra podría suponer un delito de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. Al menos así lo considera el Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid, que ha abierto diligencias.
Un escándalo que viene coleando desde hace semanas. Ha abierto numerosos noticieros y reclamado la opinión de no pocos analistas económicos y políticos. Pero esta vez ha sido la Justicia la que ha dado el paso.
De momento, se ha pedido el expediente completo de tales ayudas señalando a Bartolomé Lora como el primero de los responsables. Lora fue presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y actualmente es el vicepresidente de la entidad.
Se trata de la existencia de una “posible infracción penal”. El Juzgado abre diligencias, entonces, a partir de una denuncia del Sindicato Manos Limpias, que aporta pruebas sobre unas ayudas que, según estos abogados, no debieran haberse dado.
Plus Ultra recibió 53 millones para un único avión
La SEPI es la responsable de disponer del Fondo de ayudas a la solvencia de Empresas Estratégicas que está dotado con 10.000 millones de euros. De ellos, como hemos dicho, 53 millones fueron destinados a una compañía, Plus Ultra, con pérdidas acumuladas desde hace años. Una empresa sin apenas vuelos y con un único avión.
Pero la cuestión va más allá. Fue el Consejo de Administración de la SEPI quien tomó esta decisión y cuyos integrantes, según el Juzgado, habrán de defender una explicación razonable para una ayuda que ha levantado todo tipo de suspicacias.
Por eso, la magistrada ha pedido el listado de los integrantes de este consejo entre los que destacamos a Esperanza Casteleiro, secretaria de Estado de Defensa.
También se encuentra Ana de la Cueva, secretaria de Estado de Economía o Sara Aagesen, secretaria de Estado de Energía. Asimismo, pertenecen a dicho organismo y previsiblemente serán llamados María Pilar Paneque, subsecretaria de Hacienda, Jesús Manuel Gómez, subsecretario de Transportes, entre otros.
Los delitos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias están ampliamente castigados por el Código Penal español. Por ahora, la jueza ve indicios constitutivos de infracción penal, merecedora de reproche jurídico.
Así lo señala tras analizar los documentos entregados por los denunciantes. El primer paso, la judicialización del expediente, ya está dado.