El Gobierno de la Nación aprobó, el 9 de marzo de 2021, un plan de ayudas a la aerolínea Plus Ultra. Desde entonces todo tipo de suspicacias y acusaciones, veladas sospechas y análisis en contra, han protagonizado una de las más extrañas ayudas estatales a una línea aérea.
Cincuenta y tres millones de euros de ayudas del Estado para una compañía de un solo avión no parecían poder justificarse. Sin embargo, un informe de la Asociación Española de Seguridad Aérea (AESA) parecía recomendar el apoyo público del Estado español.
No sólo AESA, también las consultoras Daiwa y Deloitte sirvieron de justificación a unas ayudas que enseguida pasaron a formar parte del oscuro mundo de las sospechas. Tres informes, tres, y una decisión irrevocable del Consejo de Administración de la SEPI.
Plus Ultra fue fundada en el año 2011por los empresarios españoles Julio Martínez y Fernando González. Comenzó a operar en 2015, pero no parecía presagiar precisamente grandes beneficios para la propiedad.
Una propiedad que, a pesar de las pérdidas, residía en sociedades pantalla con domicilio social en paraísos fiscales como Barbuda. Propiedad de la que la mitad, al menos, está ahora en manos de empresarios cercanos a Maduro.
Uno de los responsables, González Enfadaque, resultó condenado por delito fiscal. Se inauguraba así una serie de litigios que no han evitado que la aerolínea hispanovenezolana esté en el ojo del huracán.
El ministro Ábalos lo dejó claro en una comparecencia: el asunto pertenece a la SEPI. Y ahora, por lo tanto, el Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid va a llamar a declarar al Consejo de Administración de la susodicha Sociedad Española de Participaciones Industriales.