Javier Marín Vázquez es Graduado en Seguridad Pública y Máster en Políticas Públicas.
Ayer buceamos en los programas electorales de los partidos que se presentan a las elecciones generales del 23 de julio. “¿A quién votaría yo? ante las próximas elecciones generales del 23 julio de 2023” (I), por Javier Marín Vázquez. – Diario Progresista
Diseccionamos 4 políticas públicas: Economía; Empleo; Sanidad y Educación.
Hoy continuaré con Vivienda; Pensiones; Función Pública e Inmigración.
En estas elecciones me he leído los programas de todos los partidos políticos que se presentan el 23-J, buscando coincidencias con “mi programa”, es decir, con lo que considero yo que son las necesidades de la mayoría social española, la de la clase trabajadora. Esto es lo que ando buscando y espero encontrar:
5.- VIVIENDA
El 16% de los hogares en España son viviendas de alquiler. La tasa de vivienda de alquiler social es tan solo del 3%, frente a la tasa europea que está en el 9’3% de media. La mayor tasa de vivienda social es la de Países Bajos con un 30%, seguido de Austria con un 24% y Dinamarca con un 20,9%. Por detrás de España en cobertura social para la vivienda digna solo queda Rumanía, con el 1’5%.
La vivienda debe ser un derecho social e instrumento de satisfacción para cubrir una necesidad humana básica; y esta necesidad y cobertura social debe estar blindada como parte de un derecho constitucional.
Busco un programa político que se comprometa a impulsar la intervención directa desde el Estado para acabar con la especulación inmobiliaria, asegurando la función social de la vivienda y el control público de los precios de alquiler, mediante un gran plan estatal de choque en pro del alquiler público asequible, que incluya la promoción y construcción de un amplio parque de viviendas públicas.
Ese compromiso debe cuantificarse, diciendo cuantas viviendas; en qué provincias se construirán y cuál es el plazo de tiempo máximo para su ejecución, plazo que no ha de sobrepasar una legislatura, para que pueda haber control de ejecución sobre su cumplimiento. De momento no he encontrado ninguno.
Claro que excuso decir que los que se acuerdan de Santa Bárbara sólo cuando truena, y a 2 meses de finalizar un mandato gubernamental de 5 años sin haber abordado este grave problema para la ciudadanía, ahora prometen que sí, que esta vez lo harán; no me merecen credibilidad alguna. Es aquello de: “Si me engañas una vez, es culpa tuya. Si me engañas dos, es culpa mía”.
6.- PENSIONES
Fortalecimiento y garantía del Sistema Público de pensiones.
Tanto desde gobiernos del PP, como del PSOE, ayudados siempre por los cantos de sirena de los directivos del Banco de España, hay continuos bombardeos ideológicos para sustituir el Sistema Público de Pensiones por planes privados de empresa.
El derecho y la garantía de una pensión digna configuran la tercera pata del Estado del Bienestar, junto a la Sanidad y la Educación, y debe defenderse a ultranza, no dejando que los intereses de la Banca y las aseguradoras, en connivencia con el gobierno, lo dinamiten.
Busco un programa que plantee la revalorización del sistema, su sostenibilidad y suficiencia; esas son las tres coordenadas necesarias para garantizar pensiones dignas.
Un programa que se comprometa a equiparar la pensión mínima con la misma cuantía que la del Salario Mínimo Interprofesional, hoy establecido en 1.080€
Un programa que establezca que el derecho a una pensión digna debe ser uno más de los derechos blindados por la Constitución Española, y deben contar con un mecanismo de actualización permanente respecto al IPC (Indice de precios al consumo). Lo seguiré buscando
7.- HOMOGENEIZAR Y RACIONALIZAR LOS SALARIOS Y EL NÚMERO DE LOS POLÍTICOS PROFESIONALIZADOS
La estructura de la Administración Pública Española, después de 45 años de democracia, sigue siendo la de Juan Palomo: (yo me lo guiso, yo me lo como).
Persiste un caos absoluto en cuanto a la racionalización de los cargos y de los sueldos públicos, donde se dan paradojas tan inexplicables para el sentido común de los mortales, como que un presidente autonómico, un presidente de diputación, o un alcalde, esté cobrando el doble de remuneración que el Presidente del Gobierno. O que algunos concejales de grandes ciudades, superen en 1/3 los emolumentos anuales de un ministro de España.
Urge acabar con las duplicidades administrativas y apostar por un sistema público, eficaz y eficiente que garantice una correcta distribución de los recursos públicos.
Ningún partido se ha atrevido nunca a plantear una Ley Orgánica de Armonización de Remuneraciones de la Función Pública, que haga que los salarios de los políticos en toda España estén sujetos a un principio de jerarquía institucional, proporcionalidad y responsabilidad; estableciendo horquillas en función del tamaño, del censo autonómico o municipal.
Busco un programa que se atreva a definir el salario del Jefe del Estado, y del Presidente del Gobierno, y a partir de ellos, fijar la de los diferentes cargos públicos, sean electos o por nombramiento para cargos directivos de empresas de titularidad estatal, autonómica, municipal o cualquier otro modelo de titularidad pública (diputaciones, mancomunidades u otras).
Busco un programa que se comprometa a oxigenar la vida pública, evitando el enquistamiento de políticos profesionales que nunca han trabajado en su vida, y que se aferran al cargo de tal forma, que acaban haciendo tóxicas las relaciones internas de los partidos políticos y las de la administración pública e institucional.
Busco un programa que proponga modificar la Ley Electoral, para que se limiten a 2 mandatos la reelección de todos los cargos públicos, como ya sucede en la mayoría de democracias ava nzadas del mundo.
Sí, ya sé que no soy nada original, porqué eso mismo es lo que prometieron los chic@s de “la nueva política” en 2015, es decir que ahora ya no debería presentarse ninguno de los que pillaron escaño entonces, pero ya todos ustedes saben cómo está acabando esta historia. No es que mintieran entonces, es que han cambiado de opinión…
O sea, que seguiré buscando…
8.- INMIGRACIÓN. CONTRA LA XENOFOBIA Y EL RACISMO
Establecimiento de una política migratoria que garantice el respeto de los Derechos Humanos y, al mismo tiempo, unas fronteras seguras.
Alrededor del 10% de la población española ha nacido fuera de España. Buena parte de estos inmigrantes vienen buscando trabajo y una vida más segura que en sus países de procedencia. Las dificultades en la regularización de estas personas han creado un mercado de trabajo dual y desregulado que repercute en la pérdida de derechos para el conjunto de los trabajadores. Con ello se ha creado una situación propicia para populismos y extremismos nacionalistas, que en nada benefician a la cohesión social ni a la progreso de las clases populares y trabajadoras.
Las redes de tráfico ilegal de personas, son directamente responsables de la muerte de centenares o millares de personas cada año, y por ello deben ser perseguidas con toda la fuerza represiva por parte del Estado.
Los poderes públicos deberían promover, de la manera más rápida y efectiva posible, la regularización jurídica y laboral de todas aquellas personas que, hallándose en España de manera irregular, desempeñen trabajos productivos y se vean explotadas laboralmente por su condición de irregulares, para evitar de ese modo tanto el dumping social como la proliferación de la economía sumergida y la defraudación a Hacienda y a la Seguridad Social.
El respeto de los valores de la convivencia democrática, como la libertad religiosa o la igualdad de todas las personas sin discriminación por razón de sexo u orientación sexual, deberán ser considerados como requisito indispensable para ser acreedor a la condición legal de residente en España, así como para la adquisición de la nacionalidad. Por otra parte, las personas de origen inmigrante que hayan hecho de la delincuencia su modo habitual de vida, o demostrado su falta de respeto hacia los referidos valores de la convivencia democrática, deberán perder con la mayor rapidez posible sus permisos de residencia y trabajo, o impedírseles el obtenerlos si aún los hubiesen conseguido, y tramitarse su expatriación a la mayor brevedad legalmente posible
Cuando examinas los programas sobre Inmigración, la polarización es extrema. O hacen a los emigrantes culpables de todos los males del país, fomentando el odio hacia el diferente, el racismo y la xenofobia; o se pasan de buenistas.
Si buscas un programa que mantenga los equilibrios entre la acogida humanitaria, la solidaridad y la cooperación, y la exigencia del cumplimiento de nuestras leyes, incluidas las que colisionan con sus culturas originales, no lo encontrarás.