En parte, el objetivo del nuevo gravamen a las grandes fortunas es que “no haya una efecto contagio en la eliminación” del Impuesto de Patrimonio.
De este modo lo ha trasladado María Jesús Montero, ministra de Hacienda, en una entrevista en El Periódico y El Periódico de España.
En ella detalló que el Gobierno lleva, “desde hace varios meses” trabajando en el citado ‘impuesto de solidaridad’, aunque se anunció esta semana.
Coincide con que se hizo público su contenido pocos días después de que se conociera la eliminación del Impuesto de Patrimonio en Andalucía. Una medida que, a su juicio, es “desacertada”.
A ese respecto, ha criticado que el PP practique “una política fiscal de protección de las élites”. Además, que lo haga en un momento en el que “se necesitan del apoyo del sector público en los colectivos más vulnerables”.
En ese sentido, lo ha calificado como “populismo fiscal, vaciamiento fiscal, ya me lo como quiera”.
“Esa carrera a la baja de comunidades autónomas no tiene sentido”, ha advertido. A su vez, insistió en que “habrá que debatir” este asunto “cuando se discuta el modelo de financiación autonómica”.
“Mientras tanto”, continuó Montero, “lo que hemos hecho es poner en marcha un tributo que evitará la doble imposición”.
Explicó que “permite descontar de él la cuota que se esté pagando en cada comunidad autónoma del impuesto sobre el Patrimonio”.
No habrá contribución añadida donde no se haya eliminado el Impuesto de Patrimonio
Asimismo, precisó que “por regla general, en las comunidades donde el impuesto de patrimonio existe y está intacto, no va a haber ningún tipo de contribución añadida para sus contribuyentes” con el ‘impuesto de solidaridad’.
Sin embargo, “en las comunidades autónomas donde se ha eliminado el impuesto, sí va a haber contribución añadida”.
En cuanto a esa cuestión, aseguró que el objetivo “no es poner donde no hay”. “El Gobierno no va contra nadie ni a favor de nadie. Es simple y llanamente por justicia fiscal”, zanjó.
Respecto a que Isabel Díaz Ayuso, presidente de la Comunidad de Madrid, haya anunciado que llevará el gravamen al Constitucional, Montero la ha desafiado a hacerlo.
“La señora Díaz Ayuso permanentemente traslada que lo va a llevar todo a los tribunales. Que lo haga, que lo haga. No se puede pretender que las competencias que tiene que ejercer el Gobierno de España se puedan hacer desde la Comunidad de Madrid. No es correcto”, señaló.
A renglón seguido afeó la política de los ejecutivos de Madrid y Andalucía de “confrontar por confrontar”.
Además, garantizó que no hay riesgo de inconstitucional en el nuevo impuesto porque “estar muy pensado” y es “coherente”.
“Consideramos que en este momento los patrimonios por encima de tres millones de euros, tienen que hacer un esfuerzo adicional. Hay en algunas comunidades donde ya lo están haciendo y por tanto no tienen que pagar más. Pero aquellos que no lo están haciendo, que lo hagan”, reiteró.
Por otro lado, apuntó que el gravamen podría incorporarse al proyecto de ley de los nuevos impuestos a las energéticas y la banca. La idea es que todo entre en vigor el 1 de enero.