El Gobierno de Trump ha anunciado la cancelación del programa de inmigrantes con estatus de protección temporal (TPS).
A más de 100.000 personas de Honduras y Nepal se les retirará el régimen de protección humanitaria. Por ello, se ha interpuesto una demanda colectiva contra el Gobierno norteamericano, por parte de los defensores de los derechos de los migrantes.
El lunes fue presentada la demanda en un tribunal del distrito de San Francisco. La interpusieron seis inmigrantes con estatus de protección temporal (TPS) y de dos estadounidenses hijos de migrantes beneficiados de este estatus.
Alexandria Ocasio-Cortez, demócrata por Nueva York, y Ayanna Pressley, demócrata por Massacchussets, -ambas en la fotografía- junto con cientos de inmigrantes y sus familias, se concentraron delante de la Casa Blanca el martes por la mañana con el objeto de solicitar residencia permanente para aquellos migrantes que tienen estatus de protección temporal.
El TPS es un programa consistente en proporcionar apoyo humanitario a ciudadanos que abandonan sus países porque han sido devastados por desastres naturales o guerra, el cual les permite trabajar el tiempo que estén en EEUU. Este programa se creó en 1990 y tiene aplicación para personas de diez países. En cambio, una vez llegó Trump al Ejecutivo estadounidense, ha anunciado la cancelación del programa afectando al 98% de beneficiarios.
Hace cuatro meses, un juez del distrito de San Francisco bloqueó de modo temporal la decisión del Ejecutivo de rescindir el TPS, afectando positivamente a más de 300.000 inmigrantes de Nicaragua, Sudán, Haití y El Salvador, mientras sigue el proceso en los tribunales. Los inmigrantes estarían expuestos a la deportación una vez finalice la protección humanitaria.
El argumento del caso de Ramos contra Nielsen se basa en que las autoridades norteamericanas se han distanciado de los criterios de los gobiernos anteriores respecto al programa TPS y que lo que se pretende es reducir el número de inmigrantes que no son blancos y lleguen a territorio estadounidense.
Los abogados de los demandantes ponen sobre la mesa una declaración que se atribuye a Trump en 2018 en la cual, refiriéndose a Haití y a países africanos, se refirió a ellos como “países de mierda”.
Son muchos los escritos en los que se ha plasmado la postura del Ejecutivo de Trump defendiendo que esos programas de protección humanitaria temporal para migrantes no son necesarios. A la vista de esos documentos, expertos advierten del grave riesgo y las repercusiones políticas y humanitarias de esa decisión, aunque el Departamento de Seguridad Nacional expone motivos “positivos” que la justifican.
Con el bloqueo de la cancelación del TPS, Edward Chen, juez encargado, consideró que la decisión del Ejecutivo vino impuesta por la Casa Blanca y se basaba en una “actitud contra los inmigrantes que no son blancos ni europeos”.
Los abogados del Gobierno mantuvieron que se enfatizaban, de este modo, diferentes factores que llevasen a la valoración si se ampliaba el régimen de protección y añadieron que el programa TPS no estaba ideado de modo permanente.
“El estatus de protección temporal es temporal y se concede por una base principalmente discrecional. La decisión de poner fin al TPS para Honduras y Nepal ha sido legal y razonable”, manifestó Steven Stafford, portavoz del Departamento de Justicia. “Deseamos defender la determinación del Departamento de Seguridad Nacional en tribunales”, señaló.
Tras presentarse la primera demanda, el Ejecutivo de Trump tomó la decisión de cancelar el programa TPS para Honduras y Nepal. Unos 15.000 nepalíes se vieron afectados en junio y en enero, unos 86.000 hondureños.
En relación al caso Bhattarai contra Nielsen, los abogados de los demandantes han manifestado la misma argumentación legal sobre los inmigrantes de Nepal y Honduras, que se beneficiaron por el TPS de la denuncia anterior. Incluso, defienden que poner fin a este programa es inconstitucional ya que exige a los hijos de beneficiarios del TPS, en edad escolar, elegir entre quedarse en EEUU o regresar a su país.
“El impacto humanitario de estas decisiones, al igual que las decisiones del caso Ramos, es masivo”, ha manifestado Ahilan Arulanantham, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles en el sur de California. “Estas son personas que han vivido aquí en muchos casos durante más de 20 años. Están profundamente insertados en el tejido del país. Son propietarios, son profesores y tu entrenador del equipo de fútbol del barrio y el gerente de la tienda local. La necesidad de protección es obvia”, ha añadido.
El país seleccionado como beneficiario del TPS en 1999 fue Honduras, como consecuencia de los daños sufridos por el huracán Mitch. Los abogados de los demandantes han obtenido un memorando del 11 de mayo del caso Ramos con varias quejas de algunos miembros de la Comisión de Exteriores del Senado por la actuación del Ejecutivo puesto que ha hecho caso omiso a sus consejos y a los mensajes del Departamento de Estado y de las Embajadas en El Salvador, Haití y Honduras, “que de manera uniforme han defendido una prórroga del TPS”.
En abril de 2015 fue elegido Nepal como consecuencia del terremoto de 7,8 grados en el que fallecieron 9.000 personas y dejó más de 20.000 heridos, también millones de personas desplazadas.