Casi por unanimidad, los ministros de Energía y Clima de la Unión Europea han acordado en Luxemburgo la reforma del mercado eléctrico europeo. Tan solo se ha opuesto Hungría.
Así, los Veintisiete encaran el camino para que los precios de la electricidad dependan en menor medida de la volatilidad de los combustibles fósiles.
Inicialmente, Francia y Alemania mantenían posiciones inamovibles y contrarias. Sin embargo, una nueva propuesta de compromiso de la Presidencia española ha logrado desbloquear las negociaciones.
De este modo, Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica en funciones, ha conseguido su objetivo de alcanzar un acuerdo este martes.
Tras agradecer al apoyo “casi unánime” a la propuesta, ha destacado que la reforma del mercado eléctrico europeo permitirá “proteger mejor a los consumidores europeos”.
Asimismo, este ambicioso plan posibilitará “ofrecer una señal a los inversores, facilitar la estabilidad de precios y reducir la volatilidad”.
Ahora, el Consejo podrá comenzar las negociaciones, este mismo jueves, con el Parlamento Europeo y consensuar un texto final de la reforma.
Según fuentes comunitarias, la propuesta permite los contratos por diferencia para las instalaciones existentes si hay inversiones para incrementar su capacidad o repotenciarlas.
Además, garantiza la evaluación por parte de la Comisión Europea de acuerdo con la legislación acerca de ayudas estatales. Asimismo, vigilará cualquier distorsión de la competencia.
Dichos contratos son entre una entidad pública, que habitualmente es el Estado, y un generador de electricidad.
Contemplan que el vendedor paga al comprador la diferencia en el precio de la energía desde la compra hasta la firma del contrato.
Por tanto, representa una limitación para el generador. Este recibe unos ingresos estables por la electricidad que produce y, en consecuencia, reduce la volatilidad de los precios.
Así las cosas, los Veintisiete han acordado que este modelo de contratos bidireccionales por diferencia sea el modelo obligatorio cuando haya financiación pública en contratos a largo plazo.
También se aplicará en nuevas instalaciones de generación de energía basadas en la eólica, solar, geotérmica, hidroeléctrica y nuclear.